La discusión reabre la herida: ¿Quién cuenta y quién no?
Cuarenta años después de la toma y retoma del Palacio de Justicia, la memoria sigue fracturada. La polémica no solo enfrenta interpretaciones sobre el operativo militar y la responsabilidad del M-19, sino también la jerarquía del dolor: magistrados, civiles y uniformados recibieron atenciones distintas, y todavía hay desaparecidos que ni siquiera figuran en listados oficiales.
En 2014, la Corte IDH declaró responsable al Estado por la desaparición forzada de 11 personas y violaciones a sus derechos y a los de sus familias. Ese fallo se convirtió en hito jurídico y ético. A la vez, dejó al descubierto un debate pendiente: no todos los casos han sido plenamente reconocidos o esclarecidos.
La columna de El Espectador insiste en esas “memorias excluyentes”: los desaparecidos con sentencia frente a los “otros” que no se nombran, y los civiles frente a los militantes que también desaparecieron. El resultado es una conmemoración que, a juicio del autor, vuelve a dejar por fuera a familias que buscan la verdad.
El Centro Nacional de Memoria Histórica ha documentado la magnitud de la tragedia y el carácter forzado de varias desapariciones, pero la ruta de identificación y reconocimiento ha sido lenta, intermitente y atravesada por controversias institucionales.
Paralelamente, trabajos periodísticos y de memoria han mostrado que, además de los 11 casos reconocidos por la Corte IDH, persisten hipótesis y expedientes sobre otras personas cuyo paradero aún no está completamente esclarecido, sosteniendo la demanda de nuevos actos de reconocimiento.
Para las familias, la conmemoración no es solo un ritual. Es un espacio para exigir búsqueda científica, contrastación de archivos y reparaciones simbólicas y materiales. La presión pública ha permitido avances esporádicos en identificaciones y entregas dignas, aunque insuficientes para cerrar el duelo.
En ese contexto, el llamado es a ampliar la mirada: incorporar a los no reconocidos, proteger la memoria de todas las víctimas —civiles, uniformados y militantes— y garantizar garantías de no repetición desde políticas de archivo, formación y justicia.
Un balance honesto a 40 años exige centrar a las víctimas y no las agendas políticas. Reconocer a los desaparecidos omitidos es condición para una memoria pública incluyente, para la verdad judicial y para reparar a quienes siguen esperando respuestas.
