La comunidad Emberá de la UPI La Rioja enfrenta una orden de evacuación del Distrito
En Bogotá, cerca de 389 personas de la etnia Emberá, entre ellas niños, madres gestantes y adultos mayores, se encuentran en la UPI La Rioja tras recibir una orden de desalojo por parte del IDIPRON, que señala un riesgo inminente en la infraestructura.
El plazo para la evacuación voluntaria vencía el 8 de noviembre, según informó el secretario de Gobierno de Bogotá, Gustavo Quintero.
Las autoridades esgrimen que la ubicación de la edificación, la cercanía a las obras del metro y la maquinaria pesada, representan un peligro para los niños y la comunidad.
Por su parte, los líderes indígenas manifiestan que la UPI La Rioja es su hogar, que han solicitado garantías de retorno y que rechazan el desplazamiento sin soluciones concretas.
El Distrito ha ofrecido como alternativas arriendos en varios puntos de la ciudad o desplazamiento a la UPI La Florida, pero la comunidad dice que no es una solución adecuada.
Desde el punto de vista jurídico, la orden de desalojo se apoya en un tribunal que obliga a evacuar la UPI La Rioja, y en la normativa que no contempla asentamientos colectivos en la capital. El escenario plantea un conflicto entre la garantía de derechos humanos de la población indígena, la competencia institucional del Distrito, y el desafío de asegurar una solución digna y permanente.
La situación en Bogotá en la UPI La Rioja visibiliza la delicada intersección entre derechos de las comunidades indígenas, orden público, y desarrollo urbano. A medida que el plazo vence, las miradas se centran en si las autoridades y la comunidad Emberá lograrán una solución concertada que evite el desplazamiento forzado y asegure condiciones dignas de vivienda. Para mantenerse al tanto de esta urgencia social en Bogotá.
