Petro respondió en X y la tensión política escaló en horas
La precandidata presidencial y periodista Vicky Dávila aseguró en X que Estados Unidos podría abrir un proceso judicial contra el presidente Gustavo Petro, al que se refirió como una aplicación de una supuesta “doctrina Trump”. Sus afirmaciones, que mencionan un eventual “indictment”, se enmarcan en controversias sobre el financiamiento de la campaña presidencial de 2022 y desataron un intercambio directo con el mandatario en redes sociales.
El pronunciamiento ocurrió el 10 de noviembre de 2025, un día después de que circulara una polémica imagen que avivó especulaciones en la conversación pública. Dávila sostuvo que la justicia colombiana ha actuado con lentitud frente a pesquisas en curso, mientras insistió en que un expediente en jurisdicción estadounidense sería “inminente”. Petro replicó en X con un comentario personal que calentó aún más el tono del cruce.
En su publicación, Dávila enlazó antecedentes conocidos por la opinión pública: señalamientos sobre ingresos irregulares a la campaña, menciones al llamado “Pacto de La Picota” y audios de excolaboradores. La comunicadora afirmó que, en su lectura, esos elementos podrían derivar en un caso penal en EE. UU., tesis que no ha sido confirmada por autoridades de ese país. En Colombia, las indagaciones sobre financiación política siguen en curso en distintos frentes judiciales.
El presidente respondió con una alusión a la vida personal de la periodista, lo que generó nuevas reacciones y trending topics en X. Dávila, a su turno, defendió su trayectoria profesional y negó vínculos con actos de corrupción, reiterando su tesis de que el sistema judicial estadounidense podría intervenir en hechos que —según ella— no han avanzado en la justicia local.
Especialistas consultados por este medio señalan que la jurisdicción penal de Estados Unidos puede activarse en casos con posibles elementos transnacionales, como transferencias en dólares, bancos estadounidenses o actores sancionados. Sin embargo, subrayan que cualquier proceso requiere hechos, documentos y autoridades competentes que soporten cargos formales, algo que al cierre de esta edición no se ha informado públicamente.
A nivel comparado, figuras políticas de la región han enfrentado investigaciones fuera de sus países cuando se cruzaron normativas estadounidenses (lavado de activos, sanciones OFAC, FCPA). No obstante, cada caso obedece a hechos y pruebas concretas, por lo que analistas piden evitar extrapolaciones automáticas.
El debate también toca la relación bilateral. Cualquier movimiento judicial de alto impacto con un jefe de Estado en ejercicio tendría implicaciones diplomáticas y requeriría un andamiaje jurídico robusto. Históricamente, Washington ha actuado mediante cooperación judicial y sanciones, pero abrir un proceso penal sobre un presidente en ejercicio es extraordinario y políticamente sensible.
Mientras tanto, la conversación pública se concentra en X, con etiquetas cruzadas, lecturas partidistas y desinformación potencial. Organizaciones de verificación recomiendan contrastar afirmaciones, diferenciar hipótesis de hechos y acudir a fuentes oficiales.
Hasta ahora, la controversia permanece en el terreno político y mediático. No hay confirmación oficial en EE. UU. sobre un proceso contra Petro, y en Colombia los expedientes relacionados con campañas y presunto financiamiento irregular mantienen etapas reservadas o en curso.
El cruce amplifica la polarización y presiona a las instituciones para comunicar con claridad el estado de las investigaciones. Actores políticos aliados y opositores de Petro usan el episodio para reforzar sus narrativas, lo que podría incidir en encuestas y en la agenda del Congreso.
En el frente internacional, un eco noticioso de estas dimensiones puede tensionar la diplomacia. Voces expertas advierten que, si no hay hechos verificables por autoridades, la escalada retórica puede minar confianza y generar ruido innecesario con Washington.
La discusión sobre la “doctrina Trump” se sostiene hoy en afirmaciones y respuestas políticas, sin anuncios oficiales judiciales desde EE. UU. La atención queda puesta en si habrá pronunciamientos institucionales que aclaren el panorama.
