Solo 6,7 % del mar bien protegido
Seaflower forma parte de la estrategia con la que Colombia dice cumplir la Meta 3 del Marco Mundial de Kunming-Montreal para la Diversidad Biológica, que busca conservar al menos el 30 % de las áreas terrestres y marinas del planeta. Según Protected Planet, hasta octubre de este año, 299.399 km² de mares y costas colombianas están bajo alguna figura de área marina protegida. Sin embargo, organizaciones como el Marine Conservation Institute insisten en que no basta con declarar metros cuadrados: sin un nivel efectivo de protección, el papel no se traduce en resultados sobre el agua.
En esta reserva del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, pescadores raizales y autoridades ambientales coinciden en un diagnóstico preocupante: la pesca ilegal es persistente y ha aumentado. Cayucos y lanchas de Nicaragua, Honduras, Jamaica y otros países entran sin permiso a aguas colombianas, muchas veces utilizando técnicas como el buceo con compresor, prohibido en Colombia. Esta práctica permite permanecer más tiempo bajo el agua, extraer más recurso y, al mismo tiempo, aumenta los riesgos para los buzos, con problemas de descompresión, narcosis por nitrógeno e intoxicaciones.
Entre 2008 y 2025, la Secretaría de Agricultura y Pesca departamental y la Armada Nacional reportan la incautación de 81.176 kilogramos de pesca ilegal en Seaflower. Del total, el 67,26 % corresponde a embarcaciones extranjeras, principalmente de Nicaragua y Honduras, pero también de Jamaica, República Dominicana y Sierra Leona. Aunque los datos tienen vacíos y coberturas parciales, sirven para dimensionar la presión constante sobre un ecosistema que debería estar fuertemente resguardado.
La sentencia de la Corte Internacional de Justicia de 2012, que confirmó la soberanía colombiana sobre las islas del archipiélago pero le restó cerca de 75.000 km² de mar, también cambió el tablero. Pescadores raizales señalan que, tras ese fallo, embarcaciones nicaragüenses y hondureñas entran con más frecuencia y confianza a áreas que Colombia considera suyas. En cayos como Quitasueño, es cada vez más común ver lanchas extranjeras operando con compresor en zonas donde las comunidades locales bucean a pulmón libre.
La pesca ilegal no es solo un fenómeno extranjero. El 32,74 % de los recursos incautados entre 2018 y 2025, equivalente a 26.851 kg, corresponde a 15 embarcaciones colombianas, en su mayoría industriales. Estas faenas ilegales se realizan en zonas excluidas de la pesca o en periodos de veda. Aquí se abre una tensión particular: los pescadores raizales han pedido históricamente que solo ellos y los residentes permanentes puedan pescar en el archipiélago, mientras que la autoridad departamental sigue autorizando embarcaciones industriales por la capacidad de operar en cayos lejanos.
Las especies más afectadas son el caracol pala (Lobatus gigas), la langosta espinosa (Panulirus argus) y el pez loro, todas clave para la salud de los arrecifes. El Ministerio de Ambiente y la UICN catalogan al caracol pala y a la langosta espinosa como Vulnerables, debido a la sobrepesca. En el caso del pez loro, cuya captura está prohibida desde 2019, su desaparición tiene efectos directos sobre el coral: al alimentarse de algas que compiten con los corales por luz y espacio, estos peces ayudan a mantener los arrecifes en equilibrio. Sin ellos, la degradación se acelera en un Seaflower que concentra el 77 % de los arrecifes de coral del país.
El control es otra de las grandes debilidades. La Armada reconoce que patrullar un área de 62.141 km² con una fragata y algunas lanchas rápidas es un desafío. Puestos destacados en bancos y cayos carecen de embarcaciones propias y dependen de denuncias de pescadores o de plataformas de monitoreo como Skylight para reaccionar. Aunque el Código Penal contempla penas de cuatro a nueve años de prisión y multas millonarias por pesca ilegal, la Armada estima que menos del 10 % de los infractores capturados han sido efectivamente sancionados.
Finalmente, las soluciones pasan por la cooperación regional. Colombia se adhirió al Acuerdo sobre medidas del Estado rector del Puerto para combatir la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada, pero aún no hay articulación específica con países vecinos como Nicaragua, Honduras o Jamaica. Organizaciones y comunidades impulsan la creación de una Reserva de Biosfera Transfronteriza del Caribe Suroccidental, que abarcaría 500.000 km² en seis países y permitiría coordinar mejor el control. Mientras tanto, pescadores artesanales raizales reclaman mayor apoyo tecnológico y reconocen que, al hacer sus faenas legales, ya están ejerciendo presencia en un mar que, por ahora, sigue abierto para la pesca ilegal.
El caso de Seaflower muestra la brecha entre los anuncios internacionales y la realidad de la conservación marina en Colombia. Aunque el país supera la meta 30×30 y declara más del 40 % de sus mares como áreas marinas protegidas, la pesca ilegal, las débiles capacidades de control y la falta de coordinación regional dejan expuestos arrecifes, especies vulnerables y comunidades costeras. Fortalecer la protección efectiva de Seaflower, combatir la pesca ilegal en el Caribe colombiano y garantizar la participación de los pescadores raizales será clave para que las áreas marinas protegidas de Colombia pasen del papel a la acción real sobre el océano.
