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Capos invisibles caen mientras líderes negocian paz

Operativos coinciden con diálogos de paz en Catar

Las autoridades colombianas investigan si miembros del Clan del Golfo están delatando a narcotraficantes de alto perfil como parte de una estrategia para mantener el control territorial mientras sus líderes participan en conversaciones de paz en Catar. La hipótesis surge tras una serie de capturas recientes de “capos invisibles” que habían operado durante años sin ser detectados.

Los operativos han permitido desarticular redes de lavado de activos que manejaban cientos de miles de millones de pesos mediante criptomonedas, empresas fachadas y operaciones internacionales. Fuentes cercanas a la investigación señalan que existe un patrón común: la cooperación de integrantes del clan ha sido determinante para ubicar a estos delincuentes que permanecían en la sombra.

La coincidencia temporal entre estas capturas y la reactivación de los acercamientos entre el gobierno Petro y el Clan del Golfo en agosto de 2024 ha generado interrogantes sobre la verdadera naturaleza de estos operativos y sus implicaciones para el proceso de paz.

La captura más reciente que alimenta estas sospechas ocurrió en Apartadó, Antioquia, donde cayó Rubén Darío González Hoyos, conocido como alias Secre. Este hombre de 35 años se presentaba como empresario del sector farmacéutico y era el principal cabecilla financiero de la estructura Juan de Dios Úsuga, uno de los brazos armados del Clan del Golfo en la región del Urabá. Durante las audiencias de legalización de captura, la Fiscalía reveló testimonios de militantes del clan que fueron cruciales para su identificación.

González Hoyos utilizaba una camioneta de alta gama y había abierto varias droguerías en Antioquia desde 2024 para lavar activos. Según los investigadores, coordinaba, suministraba y distribuía recursos económicos destinados a la expansión del Clan del Golfo en la región. Las autoridades le atribuyen más de diez años de trayectoria criminal y lo responsabilizan de financiar a varias subestructuras del grupo armado.

Otro caso que refuerza la hipótesis de las delaciones es el de Iván Antonio Chaverra Montes, alias CaraNegra, y Fernando Vergara Palacios, alias Pechibola, capturados en Rionegro y Medellín por la Dijín en coordinación con la DEA. Ambos son solicitados en extradición por Estados Unidos y pertenecían a la estructura Juan de Dios Úsuga. La investigación reveló que mantenían conexiones directas con carteles mexicanos y operaban sofisticadas redes de narcotráfico internacional.

El caso de Roy Fernando Abuchar Cassiani, alias Roy, añade más elementos a esta investigación. Este narcotraficante fue capturado en un exclusivo conjunto residencial en Montería, Córdoba, donde posaba como empresario del sector de la construcción. Las autoridades descubrieron que estaba vinculado a varias empresas, entre ellas Rabuca SAS, dedicada a obras de ingeniería civil y explotación de minas. Su arresto también contó con información proporcionada por fuentes internas del clan.

Pablo Felipe Prada Moriones emerge como otra pieza clave en esta red de lavado de activos. Un testigo señaló a Prada como el jefe de una organización que en tan solo un año movió 150 mil millones de pesos a través de criptomonedas y empresas fachadas. El expediente revela que, además de interceptaciones realizadas en España, un informante entregó datos sobre tokens de billeteras virtuales y 820 transacciones que fueron fundamentales para desarticular la red.

Una fuente enterada del proceso declaró a medios de comunicación: “Están entregando peces gordos para que los cabecillas sigan ejerciendo control en varias zonas del país”. Esta afirmación coincide con el análisis de expertos en seguridad que observan un patrón inusual en la forma como se han producido estas capturas, todas ellas facilitadas por información interna que difícilmente habría estado disponible sin cooperación de miembros de alto nivel del clan.

Las conversaciones entre el gobierno del presidente Gustavo Petro y el Clan del Golfo se reactivaron oficialmente en agosto de 2024, con Catar como sede y facilitador del proceso. El país del Golfo Pérsico, con experiencia en mediaciones internacionales en conflictos de Afganistán, Palestina y Sudán, ofrece garantías de seguridad y neutralidad que tanto el gobierno como el grupo armado consideraban necesarias para avanzar en un eventual acuerdo de sometimiento.

El denominador común identificado por las autoridades es que la cooperación de miembros del Clan del Golfo ha sido relevante para ubicar a estos capos invisibles que operaban al servicio del cartel. La pregunta que ahora se hacen investigadores y analistas es si estas “entregas controladas” forman parte de una estrategia negociada en las mesas de diálogo o si responden a dinámicas internas de depuración del grupo armado.

Mientras tanto, el proceso de paz enfrenta múltiples desafíos, incluida la falta de una ley de sometimiento aprobada por el Congreso y las dudas sobre la viabilidad de alcanzar un acuerdo definitivo antes de que finalice el mandato del presidente Petro en agosto de 2026. Lo que resulta evidente es que el Clan del Golfo, considerado la organización criminal más grande de Colombia con presencia en más de 300 municipios, continúa siendo objeto de operativos mientras sus líderes dialogan sobre paz.

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