Incremento del salario mínimo enfrenta desafíos inflacionarios
La negociación del salario mínimo para 2026 en Colombia se desarrolla en medio de un panorama económico complejo, marcado por una inflación persistente que alcanzó el 5,51% en octubre. El Departamento Administrativo Nacional de Estadística reportó el cuarto mes consecutivo de incremento en los precios, situación que dificulta los acuerdos entre el Gobierno, empresarios y sindicatos.
El presidente Gustavo Petro ha propuesto un aumento del 11%, lo que llevaría el salario mínimo de 1.423.500 pesos a cerca de 1.580.085 pesos mensuales. Sin embargo, gremios empresariales como Fenalco han expresado su preocupación por los efectos que esta cifra podría tener sobre la formalidad laboral y la convergencia inflacionaria. Mientras tanto, expertos económicos sugieren ajustes más moderados basados en criterios técnicos.
La Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales instalará la mesa de negociación el 1 de diciembre. Son 3,7 millones de trabajadores en el país quienes devengan actualmente un salario mínimo, según datos de la Central Unitaria de Trabajadores. La decisión final impactará no solo a estos empleados, sino también a la economía general del país.
El Banco de la República ha mantenido la tasa de interés de referencia en 9,25% durante sus últimas reuniones, una medida cautelosa ante el comportamiento inflacionario. La autoridad monetaria proyecta que la inflación cierre 2025 en 5,1%, con una reducción gradual prevista para 2026, cuando el índice se aproximaría al 3,6% en diciembre. Esta cifra sigue lejos de la meta oficial del 3% establecida por el banco central.
Luis Fernando Mejía, director ejecutivo de Fedesarrollo, manifestó su preocupación por la dinámica inflacionaria actual. El experto señaló que la inflación había mostrado una tendencia descendente durante buena parte del año, pero en los últimos meses se ha estancado e incluso ha repuntado por cuatro meses consecutivos. Esta situación, según Mejía, reduce el poder adquisitivo de las familias, especialmente de aquellas con menores ingresos.
El director de Fedesarrollo estima que un aumento entre 6% y 7% sería razonable para el salario mínimo de 2026. Este rango tiene en cuenta la inflación esperada para 2025, cercana al 5%, y la ganancia en productividad laboral, que podría ubicarse alrededor del 1%. Un incremento en ese rango mantendría el poder adquisitivo y sería coherente con la situación macroeconómica actual.
La propuesta gubernamental del 11% ha generado controversia. El Ministerio de Hacienda respalda el incremento como una herramienta de redistribución, mientras que sectores empresariales advierten sobre riesgos de desestabilización económica. Jaime Cabal, presidente de Fenalco, calificó propuestas similares como populismo que podría provocar hiperinflación y comparó estos escenarios con situaciones vividas en economías vecinas.
El contexto de la negociación incluye también la reciente reforma laboral, que ha aumentado los costos de contratación del empleo formal. Mejía advirtió que si se combinan todos estos elementos sin un enfoque integral, podría generarse un efecto adverso sobre la formalidad y la senda de reducción de la inflación. El experto enfatizó que el aumento del salario mínimo no ocurre en el vacío.
Las cifras preliminares de productividad laboral para 2025 muestran resultados relativamente bajos, que pueden estar en el rango del 0% al 1%. El estancamiento del crecimiento y la debilidad de la inversión explican buena parte de ese resultado. Este dato refuerza la idea de que el aumento del salario mínimo debe ser consistente con los fundamentos de la economía.
La independencia del Banco de la República se ha convertido en un tema de debate. Mejía destacó que la entidad ha actuado con responsabilidad, buscando un equilibrio entre apoyar la reactivación económica y preservar la estabilidad de precios. Las cifras recientes de inflación, según el experto, han dado la razón al banco: los riesgos de presiones inflacionarias asociadas con el alto déficit fiscal se han venido materializando.
La negociación del salario mínimo para 2026 representa un desafío de equilibrio entre necesidades sociales y realidades macroeconómicas. El resultado de las deliberaciones determinará no solo el ingreso de millones de trabajadores, sino también la trayectoria inflacionaria y el empleo formal en el país. Los actores involucrados tienen la responsabilidad de encontrar un punto medio que preserve el ingreso real sin comprometer la estabilidad económica.
Las próximas semanas serán decisivas para definir el rumbo que tomará la economía colombiana en 2026. La mesa de concertación deberá considerar múltiples variables y balancear los intereses de trabajadores, empresarios y la salud fiscal del país. De no alcanzarse un acuerdo, la legislación permite al presidente fijar el salario mínimo por decreto antes del 30 de diciembre.
