Desde 2019, siete operaciones aéreas en Caquetá, Guaviare, Chocó, Amazonas y Arauca dejaron al menos 25 menores muertos
La muerte de siete menores en el bombardeo del 10 de noviembre en Calamar, Guaviare, contra las disidencias de las FARC de alias “Iván Mordisco”, no fue un hecho aislado sino el capítulo más reciente de una secuencia de operaciones militares que, desde 2019, han dejado al menos 25 niños y adolescentes muertos en Colombia. Así lo muestran los recuentos de prensa y de organismos oficiales sobre siete bombardeos ejecutados durante los gobiernos de Iván Duque y Gustavo Petro en zonas rurales de Caquetá, Guaviare, Chocó, Amazonas y Arauca.
El primer episodio de esta lista se remonta al 29 de agosto de 2019, cuando un bombardeo en San Vicente del Caguán (Caquetá) contra un campamento de disidencias dejó menores de edad muertos, hecho que no fue informado de inmediato por el entonces ministro de Defensa, Guillermo Botero, y que terminó desencadenando una moción de censura en el Congreso. Luego, en marzo y septiembre de 2021, ya con Diego Molano en la cartera, nuevos ataques en Calamar (Guaviare) y en el Litoral de San Juan (Chocó) volvieron a salpicar la política de seguridad del gobierno Duque por el fallecimiento de niños reclutados por grupos armados ilegales.
Con la llegada de Gustavo Petro a la Presidencia, la promesa de no bombardear campamentos con presencia de menores se convirtió en uno de los emblemas discursivos de su política de “paz total”. Sin embargo, el registro de operaciones muestra otra realidad: desde agosto de 2025, al menos cuatro bombardeos ordenados por su gobierno han terminado con adolescentes muertos. Medicina Legal informó que, entre agosto y noviembre, 15 menores fallecieron en bombardeos en Guaviare, Amazonas y Arauca, todos ellos reclutados por estructuras armadas ilegales.
El episodio más grave, por su impacto político y humano, fue el de Calamar, Guaviare, el pasado 10 de noviembre, donde murieron 20 personas, entre ellas siete menores, según confirmó el Instituto de Medicina Legal y la Defensoría del Pueblo. Días antes, el 1 de octubre, un bombardeo en Puerto Santander (Amazonas) había dejado cuatro adolescentes muertos, y el 13 de noviembre otra operación en Puerto Rondón (Arauca) terminó con la muerte de ocho personas, incluida una menor de edad.
La información forense consolidada por Medicina Legal, divulgada el 17 y 18 de noviembre, indica que solo en los bombardeos autorizados durante la administración Petro han muerto 15 menores de edad, mientras que el balance global desde 2019 asciende, como mínimo, a 25 niños y adolescentes fallecidos. Estos datos coinciden con los registros de organismos internacionales y medios de comunicación, que han puesto la lupa sobre el cumplimiento de principios del Derecho Internacional Humanitario como distinción, proporcionalidad, necesidad militar y precaución.
Al mismo tiempo, el gobierno insiste en que los operativos han tenido como objetivo estructuras vinculadas al narcotráfico y al reclutamiento forzado de menores, principalmente el Estado Mayor Central de las disidencias de las FARC. El presidente Petro ha reconocido públicamente la muerte de adolescentes en las operaciones recientes, ha pedido perdón a las familias y ha asumido responsabilidad política, pero también ha defendido la necesidad de mantener la ofensiva militar para evitar emboscadas contra tropas y frenar el avance de esos grupos armados.
En paralelo, la Defensoría del Pueblo, la Oficina de Derechos Humanos de la ONU y organizaciones de la sociedad civil han reiterado que, aunque los grupos armados ilegales violan gravemente el DIH al reclutar niños, ello no exonera al Estado de su obligación de protegerlos. Por eso, tras los últimos bombardeos, la Defensoría pidió suspender operaciones donde haya riesgo de presencia de menores reclutados y revisar a fondo los protocolos de inteligencia y de toma de decisiones. Ahora, el Congreso, la Procuraduría y la Justicia Penal Militar y Policial analizan caso por caso para establecer responsabilidades y eventuales sanciones.
El recuento de siete bombardeos que, desde el gobierno de Iván Duque hasta el de Gustavo Petro, han dejado al menos 25 niños muertos reabre un debate clave sobre la política de seguridad en Colombia. Más allá de las posiciones políticas, las cifras de Medicina Legal y de la Defensoría del Pueblo ponen el foco en la necesidad de ajustar los operativos militares, cumplir de manera estricta el Derecho Internacional Humanitario y priorizar la protección de los menores reclutados por grupos armados en departamentos como Caquetá, Guaviare, Chocó, Amazonas y Arauca.
