Rosa Villavicencio confirmó que Bogotá ve viable un gobierno de transición sin que Maduro termine en prisión
El gobierno de Colombia dio un giro clave en su papel frente a la crisis venezolana al anunciar que está dispuesto a respaldar un plan para que Nicolás Maduro deje el poder y lo entregue a un gobierno de transición encargado de organizar nuevas elecciones. La canciller Rosa Villavicencio explicó, durante una visita a Europa, que Bogotá ve esta fórmula como una salida política que podría evitar tanto una escalada militar en la región como una nueva ola migratoria hacia ciudades colombianas como Cúcuta, Maicao o Bogotá, ya desbordadas por la llegada de venezolanos en la última década.
Según la versión de la canciller, Maduro estaría dispuesto a considerar el escenario de abandonar el poder siempre que se le ofrezcan garantías claras de que no terminará en prisión ni será objeto de persecuciones judiciales. La propuesta contemplaría una suerte de amnistía o pacto de no extradición, además de la posibilidad de un exilio seguro, fórmulas que han sido usadas en otros procesos de salida de regímenes autoritarios. No obstante, cualquier compromiso de este tipo requiere un delicado equilibrio entre las demandas de justicia de las víctimas y el pragmatismo que piden los actores regionales para evitar una guerra abierta.
El respaldo de Colombia se da en un contexto en el que el presidente Gustavo Petro, junto con su homólogo brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, ha insistido en la necesidad de convocar nuevas elecciones en Venezuela, luego de que los comicios de 2024 fueran denunciados por la oposición y por varios gobiernos como fraudulentos. La idea de un gobierno de transición, sin Maduro en el poder, buscaría despejar dudas sobre la imparcialidad del árbitro electoral y ofrecer garantías mínimas de competencia para los partidos opositores, que durante años han denunciado persecución, inhabilitaciones y control oficialista sobre las instituciones.
El anuncio de Villavicencio también se produce mientras aumenta la tensión con Estados Unidos, donde el presidente Donald Trump ha amenazado con atacar objetivos vinculados al narcotráfico en Venezuela, Colombia y México. Washington sostiene que el llamado “cartel de los Soles”, asociado a altos mandos chavistas, tiene vínculos con organizaciones criminales como el Tren de Aragua y el Cartel de Sinaloa, lo que ha llevado a un despliegue naval sin precedentes en el Caribe. Para Bogotá, cualquier operación militar en territorio venezolano no solo pondría en riesgo la estabilidad de la frontera, sino que podría arrastrar al país a un conflicto que no controla.
Colombia ya ha vivido de cerca las consecuencias humanitarias de la crisis venezolana: cerca de tres millones de personas han cruzado la frontera en los últimos años y se han asentado en diferentes departamentos, muchos de ellos en situación de informalidad o sin acceso pleno a servicios de salud y educación. La advertencia de la canciller es clara: una intervención o un colapso desordenado del régimen podría disparar una nueva ola migratoria que pondría una presión adicional sobre las finanzas locales y las capacidades de atención de alcaldías y gobernaciones, especialmente en zonas fronterizas como Norte de Santander, La Guajira y Arauca.
Aunque el planteamiento de una salida negociada con garantías para Maduro genera rechazo en sectores de la oposición venezolana y en parte de la opinión pública colombiana, que la ven como un “premio” a años de violaciones de derechos humanos, los defensores de la propuesta argumentan que es una de las pocas opciones realistas sobre la mesa. Sin un mínimo de incentivos para el círculo de poder chavista, advierten, es improbable que renuncien a un aparato que controlan desde hace más de dos décadas. De ahí que Bogotá insista en que el diseño final del acuerdo debe incluir compromisos claros con las víctimas y mecanismos de verdad y reparación.
En clave local, la posición del gobierno Petro también tiene implicaciones para la política interna colombiana. Mientras el Ejecutivo se presenta como mediador y apuesta por el diálogo, sectores de oposición en el Congreso le acusan de “blanquear” al régimen de Maduro y de alejarse de la tradicional cercanía de Colombia con Washington. En paralelo, la canciller Villavicencio busca sumar apoyos en Europa para un enfoque que combine transición democrática, protección de la población migrante y contención del riesgo militar. Lo que se defina en los próximos meses en las mesas de negociación puede marcar, de paso, el rumbo de la política exterior colombiana hacia la vecina Venezuela.
La decisión de Colombia de respaldar un plan de salida negociada para Nicolás Maduro abre un nuevo capítulo en la relación Bogotá–Caracas y en la búsqueda de una transición democrática en Venezuela. De la forma en que se construya ese acuerdo —las garantías jurídicas al chavismo, el papel de la oposición y el acompañamiento internacional— dependerá no solo la estabilidad política del país vecino, sino también el impacto en la frontera, la migración venezolana en Colombia y el equilibrio diplomático con Estados Unidos. Para las ciudades fronterizas y para millones de migrantes ya asentados en territorio colombiano, el desenlace de estas negociaciones será determinante en los próximos años.
