Maduro anuncia ocho millones de milicianos armados
El presidente venezolano Nicolás Maduro ha declarado que más de ocho millones de ciudadanos se han inscrito en las milicias bolivarianas para enfrentar lo que califica como una amenaza militar de Estados Unidos. Este anuncio se produce en medio de un despliegue naval y aéreo estadounidense en el Caribe que Washington justifica como operaciones antinarcóticos, pero que Caracas interpreta como preparativos para una intervención.
Las cifras presentadas por el gobierno venezolano generan interrogantes al contrastarlas con la realidad demográfica del país. Venezuela cuenta con aproximadamente 28,4 millones de habitantes según el Banco Mundial, mientras que cerca de 7,9 millones de venezolanos han abandonado el territorio nacional buscando mejores condiciones de vida, según datos de ACNUR.
El régimen chavista ha intensificado su retórica defensiva tras el aumento de la presión militar estadounidense en la región. Trump ha duplicado la recompensa por la captura de Maduro a 50 millones de dólares y calificado al mandatario venezolano como uno de los mayores narcotraficantes del mundo.
El proceso de alistamiento en las milicias bolivarianas se activó en agosto pasado, coincidiendo con el inicio del despliegue militar estadounidense en el Caribe. Según el gobierno de Caracas, las jornadas de inscripción fueron seguidas por entrenamientos intensivos y la movilización de efectivos en todo el territorio nacional. En septiembre, se anunciaron las denominadas Unidades Comunales Milicianas en 5.336 zonas del país.
La estrategia defensiva del gobierno venezolano incluye la instalación de armamento pesado y sistemas de misiles en el corredor estratégico entre Caracas y La Guaira, el principal puerto y puerta de entrada aérea del país. Maduro presentó públicamente mapas detallados que, según él, muestran la defensa “calle por calle, comunidad por comunidad” de esta zona vital.
El componente especial de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, integrado por civiles armados, representa la apuesta del chavismo por una defensa popular masiva. El gobierno insiste en que las armas están en manos del pueblo y que el país se encuentra preparado para una guerra prolongada en caso de intervención extranjera.
Estados Unidos mantiene desde agosto una presencia militar sin precedentes en el Caribe, incluyendo el portaviones USS Gerald Ford, el más avanzado de su flota. Este despliegue ha sido descrito por funcionarios estadounidenses como la mayor concentración de fuerzas en la región en décadas, oficialmente enfocada en operaciones contra el narcotráfico.
Las relaciones diplomáticas entre Washington y Caracas están rotas desde 2019. La tensión ha escalado con acusaciones mutuas: mientras Trump amenaza con medidas contundentes y ofrece recompensas millonarias por miembros del régimen venezolano, Maduro acusa a Estados Unidos de planear un cambio de régimen violento.
La realidad demográfica venezolana plantea dudas sobre las cifras oficiales de movilización militar. Los 7,9 millones de venezolanos que han emigrado representan el 27,78 por ciento de la población total. La mayoría ha sido acogida en países latinoamericanos vecinos, especialmente Colombia, Perú, Brasil, Chile y Ecuador.
La crisis migratoria venezolana es considerada una de las mayores en la historia del hemisferio occidental. Las personas continúan abandonando el país diariamente debido a la crisis económica, la inseguridad, la falta de servicios públicos y la represión política, factores que contrastan con el discurso oficial de unidad y preparación militar del gobierno.
Trump declaró recientemente que podría haber conversaciones con Maduro porque Venezuela quiere hablar. El mandatario estadounidense afirmó haber tomado decisiones sobre medidas respecto al país caribeño, sin revelar detalles específicos. Maduro, por su parte, ha mostrado disposición al diálogo directo con Trump, aunque manteniendo su retórica desafiante.
El contexto regional observa con preocupación esta escalada de tensiones. Organizaciones internacionales como Naciones Unidas han expresado inquietud por el despliegue militar en el Caribe, sugiriendo que la magnitud de las operaciones excede los objetivos declarados de combate al narcotráfico. La situación permanece en un equilibrio precario entre la diplomacia y el conflicto.
