La Secretaría de Salud habla de deudas triplicadas y urgencias saturadas, mientras la aseguradora afirma que ha girado millonarios recursos a la red pública
La discusión sobre la crisis de la Nueva EPS en Bogotá dejó de ser un asunto técnico para convertirse en un pulso público de cifras y responsabilidades. La Secretaría de Salud de la ciudad asegura que, tras la intervención del Gobierno nacional a la aseguradora, las deudas con las subredes públicas se han disparado y los servicios de urgencias operan por encima de su capacidad, en algunos casos al 300 % o más. Desde el Distrito sostienen que esta presión sobre hospitales como Kennedy, Meissen, Simón Bolívar y La Victoria ya se traduce en camillas en pasillos, largas esperas y un riesgo real de colapso en la red capitalina.
El secretario de Salud, Gerson Bermont, ha sido una de las voces más críticas frente a la intervención estatal de la Nueva EPS. Según sus reportes, en el último año la cartera con las cuatro subredes de Bogotá habría pasado de decenas de miles de millones de pesos a casi triplicarse, al tiempo que se incrementaron los costos administrativos y se redujo la capacidad de respuesta de la entidad. En su lectura, las decisiones de la Superintendencia de Salud no corrigieron los problemas de fondo, sino que empeoraron la situación financiera y operativa de la aseguradora en la capital.
Frente a esos señalamientos, la Nueva EPS publicó sus propios balances y defendió su manejo. La aseguradora afirma que, lejos de abandonar a la red pública de Bogotá, ha girado más de 74.000 millones de pesos a las subredes y asegura que existen acuerdos de pago y conciliaciones que no siempre se reflejan en las cifras que presenta el Distrito. La entidad insiste en que mantiene contratos vigentes para atención en urgencias, hospitalización y procedimientos, y que está cumpliendo con las obligaciones derivadas de la intervención.
En medio de este choque de versiones, los usuarios de localidades como Bosa, Ciudad Bolívar, Suba y Engativá son quienes más sienten la tensión del sistema. Pacientes con enfermedades crónicas reportan retrasos en citas con especialistas, demoras en autorizaciones de medicamentos y dificultades para acceder a procedimientos de alta complejidad. Las filas frente a sedes administrativas y puntos de atención en la ciudad se han vuelto frecuentes, con personas que denuncian reprogramaciones sucesivas o remisiones tardías a hospitales públicos saturados.
La Personería de Bogotá también prendió las alarmas y advirtió que varios hospitales podrían suspender servicios a los afiliados a la Nueva EPS si persisten los impagos. De acuerdo con el organismo de control, la presión financiera sobre los centros asistenciales amenaza la sostenibilidad de la red y, en consecuencia, la continuidad de tratamientos y la atención oportuna en urgencias. La advertencia busca que el Gobierno nacional, el Distrito y la aseguradora encuentren rápidamente una salida que proteja a los más de once millones de afiliados que tiene la EPS en todo el país, una parte significativa de ellos en la capital.
Mientras tanto, desde el Ministerio de Salud se defiende la intervención a la Nueva EPS como una medida necesaria para evitar un colapso mayor del sistema. La cartera nacional argumenta que la toma de control busca garantizar el uso adecuado de los recursos públicos, ordenar las finanzas de la entidad y asegurar la continuidad de los servicios. Sin embargo, las tensiones con el Distrito y las alertas de la Personería muestran que el impacto de estas decisiones en Bogotá sigue abierto al debate, más aún en una ciudad que concentra buena parte de la demanda de servicios de alta complejidad.
En los hospitales, el balance diario se mide en tiempos de espera, camas disponibles y personal suficiente para atender a una población creciente. Directivos y trabajadores de la salud señalan que, aunque las discusiones sobre cifras entre el Distrito y la EPS son importantes, lo urgente es garantizar que la red pública reciba los recursos a tiempo y que las decisiones administrativas no terminen afectando la vida y la salud de los bogotanos. El reto inmediato es traducir los anuncios de pagos y los acuerdos financieros en mejoras visibles para los pacientes que hoy esperan una cama, una cita o un medicamento en la capital.
La controversia por la Nueva EPS en Bogotá deja un escenario en el que las diferencias de cifras entre el Distrito y la aseguradora se sienten directamente en salas de urgencias y consultorios. Mientras la Secretaría de Salud insiste en que la intervención fue “un desastre”, y la entidad asegura que ha girado recursos suficientes, miles de usuarios en Kennedy, Suba, Engativá o Bosa siguen lidiando con demoras y congestión. El desenlace de este pulso será clave para el futuro del sistema de salud en la capital y para la estabilidad de la red pública que atiende a los afiliados de la EPS más grande del país.
