Fiscalía analiza si fue un homicidio culposo o un posible feminicidio
La comunidad del municipio de Chiscas, en el norte de Boyacá, permanece consternada tras la muerte de Liliana Cruz, una joven de 25 años y trabajadora social que perdió la vida por el disparo de un fusil de dotación. De acuerdo con los primeros reportes oficiales, el arma estaba en manos de su esposo, el subteniente Haminton Ruiz, comandante de la Estación de Policía local, quien habría accionado el gatillo de manera accidental en la noche del miércoles 19 de noviembre, en circunstancias que todavía son materia de investigación por parte de las autoridades judiciales y disciplinarias.
La versión preliminar entregada por la defensa del oficial indica que todo se trató de un lamentable error en la manipulación del fusil tipo Galil, asignado a Ruiz como parte de las medidas de seguridad adoptadas frente a problemas de orden público en la región. Según el abogado Diego Cocunubo, en un momento de descuido el arma se disparó de forma involuntaria y el proyectil impactó directamente a Liliana, causándole una herida de gravedad que resultó incompatible con la vida, pese a los esfuerzos que se hicieron después por llevarla a un centro asistencial.
Uno de los puntos que genera mayores dudas gira en torno al lugar exacto donde se produjo el disparo. Inicialmente se habló de un restaurante de comidas rápidas en el casco urbano del municipio; sin embargo, el abogado del subteniente aseguró que los hechos ocurrieron en la vivienda donde residía la pareja, a pocas cuadras de la Estación de Policía. La Fiscalía y los investigadores de la Policía Judicial revisan cámaras de seguridad, testimonios y registros para establecer con precisión la escena del suceso y reconstruir minuto a minuto lo que ocurrió esa noche.
Las autoridades también analizan el contexto previo al disparo. Versiones recogidas por medios regionales indican que, horas antes, se habría registrado un supuesto hostigamiento contra el Batallón de Alta Montaña Nº 2 General Santos Gutiérrez Prieto, ubicado a unas dos horas del casco urbano. Esa alerta habría puesto en máxima tensión a los uniformados de la zona, que permanecían con sus armas listas ante la posibilidad de nuevos ataques. Los investigadores buscan determinar si ese ambiente de presión incidió en la forma como el oficial manipuló su fusil.
Tras el impacto, el propio subteniente Ruiz habría intentado trasladar de urgencia a su esposa en una patrulla de Policía hacia el hospital de Chiscas. En medio de la conmoción y el nerviosismo, el vehículo oficial se volcó en la vía, lo que complicó aún más la emergencia. Pese a ese accidente adicional, la mujer alcanzó a ser llevada al centro asistencial, pero allí los médicos confirmaron que llegó sin signos vitales, debido a la gravedad de la lesión causada por el proyectil de arma larga.
La Fiscalía tiene bajo su custodia al comandante de la Estación mientras avanza la etapa de indagación. El abogado Cocunubo sostiene que se trataría de un caso de homicidio culposo, es decir, sin intención de causar la muerte, pero la entidad investigadora no descarta ninguna hipótesis, incluida la de un posible feminicidio. Peritos balísticos, expertos en manejo de armas y psicólogos forenses participan en la recolección de pruebas que permitan definir responsabilidades penales y aclarar si se violaron protocolos institucionales de seguridad.
Entre tanto, el municipio de Chiscas y otros pueblos de Boyacá, como Ramiriquí, han manifestado su profundo pesar por el fallecimiento de Liliana Cruz, recordada por su trabajo social y cercanía con las comunidades. La Alcaldía de Ramiriquí publicó un mensaje de condolencias en el que acompañó a la familia y pidió fortaleza para enfrentar esta pérdida irreparable. A la par del duelo, crece la exigencia ciudadana de que se esclarezcan los hechos, se determine si hubo negligencia en el manejo del arma y se revisen los procedimientos internos de la Policía para evitar que tragedias similares vuelvan a repetirse en la región.
La muerte de Liliana Cruz en Chiscas, Boyacá, abre un debate urgente sobre el manejo de armas de dotación, los protocolos de seguridad en la Policía Nacional y la prevención de violencias contra las mujeres. Mientras la Fiscalía define si se trató de un homicidio culposo o de un posible feminicidio, la comunidad pide verdad, justicia y garantías de no repetición. El caso se convierte en una referencia dolorosa para revisar la formación, el control y la responsabilidad de los uniformados en municipios apartados de Colombia.
