Hijo del presidente enfrenta imputación por seis delitos
La diligencia que se retomó en Barranquilla había sido suspendida semanas atrás, cuando la Fiscalía presentó el nuevo paquete de delitos derivados del llamado caso Funcosocial, vinculado a contratos de la Gobernación del Atlántico. De acuerdo con el relato del ente acusador, Nicolás Petro, en su calidad de diputado, habría intervenido para favorecer a una fundación con la que se relaciona a su entorno personal, en contratos destinados a atender a adultos mayores y población vulnerable. En esta nueva imputación, la Fiscalía busca dejar claro que se trata de un proceso separado del expediente por lavado de activos y enriquecimiento ilícito que ya se adelanta en su contra.
El paquete de seis delitos que se le atribuyen incluye interés indebido en la celebración de contratos, peculado por apropiación, tráfico de influencias, falsedad en documento público, falsedad en documento privado y falso testimonio. Según la Fiscalía, estas conductas se habrían materializado en 2021, cuando el exdiputado habría aprovechado su cargo para intervenir en la contratación de la Gobernación del Atlántico y direccionarla hacia la fundación que es eje del caso. Los contratos, según la acusación, están asociados a programas sociales que debían beneficiar directamente a población en situación de vulnerabilidad en el departamento.
Los investigadores señalan que, producto de esas presuntas maniobras, se habría generado un detrimento patrimonial cercano a los 111 millones de pesos, recursos que, según el relato de la fiscal del caso, no se habrían usado en los fines sociales previstos. La cifra aparece como uno de los elementos centrales de la imputación, pues permite a la Fiscalía dimensionar la gravedad de los supuestos hechos y justificar la petición de medida de aseguramiento. El ente acusador sostiene que el esquema habría funcionado mediante la simulación de actividades y la presentación de soportes que no reflejaban la realidad de la ejecución contractual.
En la audiencia, la defensa de Nicolás Petro ha centrado buena parte de sus argumentos en cuestionar la claridad de la exposición fiscal y la forma en que fueron construidas las hipótesis de tráfico de influencias y peculado. En actuaciones previas, el juez de control de garantías ya había llamado la atención sobre la necesidad de que la Fiscalía precisara algunos apartes de su relato, luego de varias intervenciones de la defensa y del Ministerio Público. Sin embargo, pese a esos tropiezos, la imputación sigue en pie y el proceso avanzó hasta la etapa en la que el exdiputado debe pronunciarse sobre cada uno de los delitos.
La audiencia de imputación se desarrolla en medio de una fuerte atención mediática, tanto por el peso político del apellido Petro como por las implicaciones que podría tener el fallo para la imagen del gobierno. Aunque el presidente ha insistido en que su hijo debe responder ante la justicia como cualquier ciudadano, el caso se ha convertido en un termómetro de la independencia institucional y en un foco de polarización en el debate público. En Barranquilla y el Atlántico, donde el exdiputado construyó su carrera política, el proceso también es seguido con atención por dirigentes regionales y organizaciones sociales.
Otro elemento clave es que, durante una sesión reciente, la Fiscalía decidió retirar el cargo de falso testimonio, al considerar que los hechos que buscaba abarcar ya estaban contemplados en otras conductas relacionadas con falsedad documental. No obstante, el ente acusador mantiene los demás delitos y sostiene que la prueba recabada permite conectar a Petro con el presunto direccionamiento de contratos y el uso irregular de documentos para respaldar las actuaciones de la fundación. Para la defensa, este retiro refuerza su tesis de que la Fiscalía habría sobredimensionado el caso al incluir acusaciones que resultaban redundantes.
En su última intervención, Nicolás Petro no aceptó los cargos que se le imputan y reiteró que se considera víctima de una persecución judicial. El exdiputado sostiene que los contratos cuestionados fueron ejecutados conforme a la ley y que nunca recibió beneficios personales de los recursos destinados a programas sociales. A su juicio, la imputación se basa en interpretaciones sesgadas de la relación contractual entre la Gobernación del Atlántico y la fundación, así como en testimonios que, según él, carecen de sustento. Este pulso entre la versión de la Fiscalía y la del procesado será determinante a la hora de definir el futuro del proceso.
Más allá de lo que ocurra en esta audiencia, el caso se proyecta como uno de los expedientes judiciales más relevantes del momento, tanto por el impacto político como por el mensaje que envíe sobre la lucha contra la corrupción en los niveles regionales. Los ojos están puestos en la decisión del juez de Barranquilla frente a la medida de aseguramiento, pues una eventual orden de cárcel contra el hijo del presidente tendría repercusiones en la dinámica del gobierno y en la agenda pública. Por ahora, el proceso seguirá su curso en los estrados de la capital del Atlántico, con nuevas sesiones en las que la Fiscalía deberá soportar, una a una, las conductas que le atribuye al exdiputado.
De cara a las próximas diligencias en Barranquilla, la imputación de cargos contra Nicolás Petro por seis delitos se consolida como un caso emblemático sobre el manejo de los recursos públicos y la responsabilidad de los servidores regionales. La combinación de presunto desvío de recursos, tráfico de influencias y falsedad documental sitúa el proceso en el centro del debate sobre transparencia en la contratación de la Gobernación del Atlántico.
Mientras el Juzgado 14 Penal Municipal define si acoge o no la solicitud de cárcel presentada por la Fiscalía, el expediente seguirá marcando la agenda judicial y política en Barranquilla y en el país. Lo que ocurra en esta audiencia de imputación de cargos a Nicolás Petro será clave para el futuro del proceso, para la percepción ciudadana sobre la lucha contra la corrupción y para la relación entre el caso Funcosocial y la figura del presidente Gustavo Petro.
