Estimación genera controversia entre empresarios y trabajadores
El ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, generó un intenso debate nacional al revelar que, según estimaciones de la Organización Internacional del Trabajo, el salario mínimo en Colombia debería ubicarse alrededor de los tres millones de pesos para ser considerado digno. Esta cifra, presentada a pocos días del inicio de las negociaciones de la mesa de concertación salarial para 2026, contempla las necesidades básicas de una familia colombiana de cuatro personas.
La propuesta ha desatado reacciones encontradas en diferentes sectores del país. Mientras el Gobierno defiende la necesidad de un ingreso vital que cubra los gastos esenciales como alimentación, vestuario y otros rubros del hogar, gremios empresariales como Aliadas expresan preocupación por la viabilidad económica de un aumento de esa magnitud.
La discusión pone sobre la mesa el dilema entre la protección del poder adquisitivo de los trabajadores y la sostenibilidad del sector empresarial en un contexto económico complejo.
La revelación del ministro Sanguino se fundamenta en un análisis de la OIT que busca determinar qué constituye un salario digno en Colombia. Según explicó el funcionario, este cálculo considera la cobertura integral de las necesidades básicas del trabajador y su núcleo familiar, incluyendo aspectos fundamentales como la alimentación adecuada, el vestuario necesario y otros gastos vitales para mantener un nivel de vida apropiado. El ministro enfatizó que el país mantiene una deuda histórica con los trabajadores en términos de un salario mínimo verdaderamente vital.
El Gobierno ha manifestado su intención de cerrar la brecha existente entre el ingreso actual de los trabajadores y el costo real de vida en el país. Esta postura refleja una prioridad política del Ejecutivo por mejorar las condiciones económicas de la población trabajadora. Sin embargo, la propuesta enfrenta resistencia significativa de diversos sectores que cuestionan su aplicabilidad práctica. El contexto económico actual del país y las proyecciones de crecimiento para 2026 serán factores determinantes en la discusión.
La reacción del sector empresarial no se hizo esperar. El gremio Aliadas expresó públicamente su desacuerdo con la propuesta, calificándola como desconectada de la realidad económica colombiana. Según esta agremiación, un aumento del salario mínimo de tal magnitud, sin respaldo en datos concretos y sin un diálogo constructivo, podría generar consecuencias negativas tanto para trabajadores como para empresas. La organización empresarial advierte sobre los riesgos de implementar incrementos salariales sin considerar la capacidad real del tejido productivo nacional.
Aliadas recordó que la propia OIT, a través del Convenio 131, establece criterios específicos para la fijación del salario mínimo. Estos criterios buscan equilibrar las necesidades de los trabajadores y sus familias, considerando el costo de vida, los salarios existentes y la protección social, con factores económicos cruciales como la productividad, el nivel de empleo y la capacidad de las empresas para sostener incrementos salariales. Este equilibrio, según el gremio, debe ser la piedra angular de cualquier discusión sobre ajustes al salario mínimo.
La organización empresarial argumenta que mejorar los ingresos de los trabajadores solo es sostenible en el largo plazo si también se protege la viabilidad de las empresas y se mantiene la formalidad del empleo. Un incremento desproporcionado podría generar efectos contraproducentes, como la reducción de puestos de trabajo formales, el cierre de pequeñas y medianas empresas, y el aumento de la informalidad laboral. Estos efectos secundarios podrían terminar perjudicando precisamente a los trabajadores que se busca beneficiar con el aumento.
Según Aliadas, el concepto de salario “vital y móvil” no debe interpretarse como la implementación de aumentos desconectados de la realidad económica del país. Por el contrario, debe representar un equilibrio cuidadoso entre la protección del ingreso de los trabajadores y la estabilidad de variables macroeconómicas fundamentales. Entre estas variables se encuentran la inflación, el empleo formal, la competitividad empresarial y la sostenibilidad fiscal del Estado. Ignorar estos factores podría conducir a desequilibrios económicos mayores.
El gremio empresarial concluye advirtiendo que sin empresas viables y un entorno macroeconómico estable, resulta imposible sostener mejoras reales en los ingresos de los trabajadores en el tiempo. Esta perspectiva pone de manifiesto la complejidad del debate salarial y la necesidad de encontrar puntos de encuentro entre las aspiraciones legítimas de mejores salarios y las restricciones económicas concretas que enfrenta el país en su actual coyuntura.
La discusión sobre el salario mínimo 2026 apenas comienza y promete ser una de las negociaciones más complejas de los últimos años. La brecha entre la propuesta gubernamental de tres millones de pesos y las reservas del sector empresarial evidencia la dificultad de conciliar aspiraciones sociales con realidades económicas. Los próximos días serán cruciales para determinar si es posible encontrar un punto medio que satisfaga ambas posiciones.
El desenlace de esta negociación no solo definirá el ingreso de millones de trabajadores colombianos, sino que también marcará la pauta sobre el modelo de desarrollo económico y social que el país busca implementar. La capacidad de diálogo y la disposición al consenso de todas las partes involucradas serán determinantes para alcanzar un acuerdo que beneficie verdaderamente a los trabajadores sin comprometer la estabilidad económica nacional.
