General y directivo de DNI apartados temporalmente
La Procuraduría General de la Nación ordenó la suspensión provisional por tres meses del general Juan Miguel Huertas, director del Comando de Personal del Ejército, y de Wílmar Mejía, director de Inteligencia de la Dirección Nacional de Inteligencia. La medida responde a una investigación disciplinaria iniciada tras el hallazgo de información comprometedora en dispositivos electrónicos incautados al cabecilla disidente alias Calarcá.
Los funcionarios aparecen mencionados en correos electrónicos y documentos encontrados en los computadores del líder guerrillero, capturado el pasado mes mientras se desplazaba en una caravana de la UNP entre Anorí y Medellín, Antioquia. Según la información revelada por medios de comunicación, estos archivos los señalan como presuntos colaboradores que habrían filtrado información sensible sobre operativos militares y movimientos de la Fuerza Pública.
El procurador Gregorio Eljach calificó el caso como “de suma gravedad” y argumentó que la suspensión temporal busca evitar que los investigados puedan influir en el proceso disciplinario que adelanta una procuraduría de instrucción. Ambos funcionarios también enfrentan investigaciones por parte de la Fiscalía General de la Nación.
La decisión de apartar temporalmente a los dos funcionarios se sustenta en el contenido de los dispositivos electrónicos incautados durante la captura de alias Calarcá. En estos equipos se encontraron chats, fotografías y otros documentos que evidenciarían cómo las estructuras disidentes recibieron información privilegiada sobre operativos militares, desplazamientos de tropas y hasta actuaciones de la propia Fiscalía en la región.
El general Juan Miguel Huertas, según las evidencias preliminares, habría mantenido reuniones con emisarios del cabecilla disidente para discutir posibles pactos de no agresión entre el Ejército Nacional y el grupo criminal. Esta información ha generado alarma en las altas esferas militares y gubernamentales, considerando las implicaciones de seguridad nacional que representaría una colusión de este tipo.
Por su parte, Wílmar Mejía, desde su posición en la Dirección Nacional de Inteligencia, habría filtrado datos clasificados que permitieron a las disidencias evadir controles de seguridad y blindar sus operaciones mediante empresas de seguridad que funcionaban como fachada. La información habría sido clave para que el grupo ilegal mantuviera su movilidad en zonas de alta presencia militar.
La captura de alias Calarcá se produjo en circunstancias que ya generaban cuestionamientos. El cabecilla se desplazaba en una caravana de vehículos de la Unidad Nacional de Protección, portaba armas y una considerable cantidad de dinero en efectivo. Esta situación despertó las alertas sobre posibles infiltraciones en organismos del Estado encargados de la seguridad y la protección de ciudadanos.
La Fiscalía General ha anunciado que investigará al general Huertas a través de la unidad de fiscales delegados ante la Corte Suprema de Justicia, debido a su fuero militar. En el caso de Wílmar Mejía, al no contar con fuero de alto funcionario, será indagado por agentes de otra dependencia especializada en casos de esta naturaleza.
Ambos funcionarios han rechazado categóricamente las acusaciones. Huertas señaló que los archivos carecen de credibilidad y negó haber colaborado con disidencias o haberse reunido con grupos ilegales en Venezuela. Mejía, por su parte, argumentó que los delincuentes realizan labores de inteligencia y pudieron identificarlo como contacto militar sin que eso signifique colaboración con estructuras criminales.
La suspensión es prorrogable y se mantendrá mientras avanzan las investigaciones tanto disciplinarias como penales. Las autoridades buscan establecer el alcance real de la presunta infiltración y determinar si otros funcionarios también estuvieron involucrados en el suministro de información a grupos armados ilegales.
Este escándalo ha puesto en evidencia las vulnerabilidades de los organismos de seguridad e inteligencia del Estado frente a posibles infiltraciones de grupos armados ilegales. La comunidad internacional y los organismos de control seguirán de cerca el desarrollo de estas investigaciones, que podrían revelar redes más amplias de colaboración entre funcionarios públicos y estructuras criminales.
Las próximas semanas serán cruciales para determinar las responsabilidades de los involucrados y establecer si se trata de casos aislados o de una problemática sistémica que requiere reformas profundas en los protocolos de seguridad y verificación del personal en posiciones sensibles del Estado colombiano.
