Medida afectaría a familias de la sabana
La decisión del alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, de aplicar pico y placa los sábados a los vehículos matriculados por fuera de la capital abrió un nuevo frente de tensión con los municipios de la sabana de Cundinamarca. La medida, que empezaría a regir en el primer semestre de 2026, busca desincentivar que los propietarios registren sus carros en otros territorios.
Desde la región, sin embargo, la reacción fue inmediata. El gobernador de Cundinamarca, Jorge Rey, calificó la decisión como “excluyente” y advirtió que desconoce el espíritu de integración que debería orientar la región metropolitana Bogotá–Cundinamarca.
En medio del debate, el abogado Julián Prada Betancourt anunció que interpondrá una acción popular ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca para frenar el decreto, al considerar que vulnera derechos colectivos de movilidad y pasa por alto las reglas de coordinación regional.
El anuncio de Galán se sustenta en una cifra que la Alcaldía ha repetido en distintos escenarios: tres de cada diez vehículos que circulan por Bogotá no están matriculados en la ciudad. Según el Distrito, estos automotores generan congestión, contaminación y desgaste de la infraestructura sin aportar el impuesto vehicular ni otros tributos locales, lo que a su juicio evidencia un desequilibrio entre carga y contribución.
El nuevo pico y placa sabatino, tal como fue planteado, se aplicaría a carros particulares registrados en otros municipios y departamentos que ingresan a la ciudad los fines de semana. La restricción empezaría a operar en el primer semestre de 2026, con el propósito de fomentar que más propietarios formalicen sus matrículas en Bogotá y, de esa forma, aumente la base de recaudo para inversión en obras viales, semáforos e infraestructura de movilidad.
No obstante, desde Cundinamarca y la sabana la medida es leída de forma distinta. El gobernador Jorge Rey ha dicho que la decisión es “discriminatoria” y rompe la lógica de integración que se venía construyendo entre la capital y los municipios vecinos. También planteó la posibilidad de revisar los esquemas de recursos compartidos y abrir el debate sobre una eventual redistribución del impuesto vehicular entre Bogotá y el departamento.
En ese contexto surge la voz de Julián Prada, abogado que asumió la vocería de un grupo de ciudadanos y usuarios habituales de la malla vial bogotana provenientes de la sabana. Él sostiene que el alcalde está “actuando como si Bogotá fuera una isla” y que el decreto se expide de manera unilateral, sin concertación con las autoridades de la región y sin un soporte técnico que cumpla con los parámetros de la ley.
Prada advierte que la decisión afectaría de forma directa a miles de familias que viven en municipios cercanos, pero que estudian, trabajan o prestan servicios en la capital, y que dependen del vehículo particular para conectarse diariamente. También subraya el impacto en quienes ingresan los fines de semana para actividades comerciales, recreativas o de turismo, sectores en los que la relación Bogotá–sabana es especialmente intensa.
De acuerdo con el abogado, el Distrito estaría desconociendo la Ley 2199, que define que las decisiones de movilidad en la región metropolitana deben tomarse bajo principios de coordinación, concurrencia y complementariedad. En su lectura, el decreto ignora ese marco y, de paso, abre la puerta a respuestas espejo: que los municipios impongan restricciones a los vehículos matriculados en Bogotá, con consecuencias para los propios capitalinos que se desplazan a diario hacia Cundinamarca.
La acción popular que presentará ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca busca que se suspenda el decreto una vez sea expedido y que se obligue a la administración distrital a concertar una política regional de movilidad. Mientras tanto, la Alcaldía, a través de la secretaria de Hacienda, Ana María Cárdenas, defiende la iniciativa asegurando que Bogotá no puede seguir perdiendo participación en el registro vehicular mientras crecen las necesidades de inversión en la ciudad.
Por ahora, el pico y placa sabatino para carros no matriculados en Bogotá sigue siendo un proyecto en firme, pero rodeado de cuestionamientos legales y políticos. De un lado, la Alcaldía insiste en que se trata de una herramienta fiscal y ambiental necesaria; del otro, la Gobernación de Cundinamarca y sectores ciudadanos reclaman concertación, datos claros y respeto por la integración regional.
En las próximas semanas, el escenario se trasladará a los estrados judiciales con la acción popular anunciada por Julián Prada, mientras alcaldes de la sabana, expertos en movilidad y usuarios del sistema vial siguen de cerca una discusión que definirá cómo se regulan los flujos de vehículos entre Bogotá y sus municipios vecinos a partir de 2026.
