“Investigación revela comunicaciones entre disidencias de las FARC y mandos del Estado”
Una investigación periodística que duró casi un año ha puesto al descubierto una red de comunicaciones entre las disidencias de las FARC, lideradas por alias Calarcá, y altos funcionarios del Estado colombiano. Los documentos incautados —entre ellos chats, correos, cartas y fotografías — mencionan al general Juan Miguel Huertas, director del Comando de Personal del Ejército, y a Wilmer Mejía, alto funcionario de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI
Los archivos secretos fueron analizados por la Unidad Investigativa de Noticias Caracol, que reconstruyó una compleja red de contactos y acuerdos entre los disidentes y miembros de las instituciones del Estado. Según los documentos, habría reuniones en Bogotá entre emisarios de Calarcá y los funcionarios señalados, con propuestas para crear una empresa de seguridad legítima. En una carta fechada el 8 de febrero de 2024, uno de los interlocutores asegura: “el general dice que la montemos mitad y mitad, que él se consigue los permisos y que nosotros pongamos los muchachos y las armas”. Se detalla además un plan para hasta veinte hombres, con permisos para armas y circulación regular . Los disidentes sostienen que, gracias a esos vínculos, habrían obtenido información clasificada sobre operaciones militares en regiones como Antioquia, Catatumbo y sur de Bolívar para evitar enfrentamientos. También se menciona que se acordó un pacto de no agresión, y que recibieron datos sobre senadores, correos institucionales y frecuencias de radio. Parte del material incluye reportes sobre una supuesta filtración desde entidades como la Fiscalía y la Dijín, que alertaban sobre fuentes infiltradas en los disidentes. Además, en los documentos aparece un empresario de origen chino, identificado como Xi Xin Xang, vinculado con compras de armas, inversiones y minería ilícita. El 23 de julio de 2024 se incautaron decenas de dispositivos electrónicos en Anorí (Antioquia), entre ellos computadoras y USB, durante un operativo contra alias Calarcá, pero muchos de los capturados fueron liberados bajo la figura de “gestores de paz”. Hasta ahora, la Fiscalía no ha dado un informe público concluyente sobre estos archivos ni se ha establecido un proceso judicial claro a partir de ellos.
El Ministro de Defensa, Pedro Sánchez, ordenó una investigación rigurosa y afirmó que “ningún acto de ilegalidad será tolerado” dentro de la Fuerza Pública. Por su parte, el general Huertas negó las acusaciones, calificándolas como “fabricación malintencionada” que busca dañar su honor y trayectoria. La Procuraduría General inició una investigación preliminar contra Huertas y Mejía para determinar la veracidad de los señalamientos. En el ámbito político, el precandidato presidencial David Lunaha sido especialmente duro: aseguró que, de confirmarse las pruebas, el presidente Gustavo Petro debe renunciar.
Otras voces dentro de la oposición han manifestado su preocupación por una posible infiltración criminal en instituciones clave del Estado.
La revelación de estos documentos representa un serio desafío para la credibilidad institucional y la política de seguridad del Gobierno colombiano. Mientras avanzan las investigaciones, la presión pública y política crece para que se aclare el alcance real de estos vínculos. El tema sigue en desarrollo.
