Independencia financiera protege a mujeres de violencia
La autonomía económica se ha consolidado como uno de los principales factores de protección contra la violencia de género en América Latina. Según datos de ONU Mujeres, una de cada tres mujeres a nivel global experimenta violencia económica, una forma de abuso que restringe su independencia y las mantiene en situaciones de vulnerabilidad.
Esta realidad se agrava en contextos donde las mujeres carecen de acceso a recursos propios. Los expertos coinciden en que la dependencia financiera limita severamente la capacidad de las víctimas para salir de relaciones abusivas, convirtiéndose en un círculo vicioso que perpetúa múltiples formas de violencia.
En países como Colombia y México, diversos programas gubernamentales han comenzado a reconocer esta conexión, implementando estrategias que buscan fortalecer la independencia económica femenina como mecanismo preventivo contra la violencia de género.
La violencia económica se manifiesta a través del control de ingresos y gastos, la prohibición de trabajar, la retención de recursos del patrimonio común y el impago de obligaciones como las pensiones alimenticias. Estas prácticas, muchas veces normalizadas dentro de las dinámicas familiares, erosionan progresivamente la autonomía de las mujeres y las colocan en situaciones de extrema vulnerabilidad.
Datos de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares de México revelan que aproximadamente el 27% de las mujeres ha experimentado violencia económica. Esta cifra, aunque alarmante, podría ser mayor considerando que muchas víctimas no identifican estas conductas como formas de abuso debido a su naturaleza sutil y a la normalización social de ciertas dependencias económicas.
María Noel Vaeza, directora regional de ONU Mujeres para las Américas y el Caribe, ha enfatizado que la autonomía económica resulta fundamental para que las mujeres puedan escapar de situaciones de violencia. Sin recursos propios, las víctimas enfrentan barreras insuperables al momento de considerar abandonar una relación abusiva, especialmente cuando hay hijos de por medio.
Los programas de empoderamiento económico han demostrado resultados positivos en diversos territorios. Iniciativas como el Fondo Mujer Libre y Productiva en Colombia han beneficiado a miles de mujeres, proporcionándoles formación técnica, acceso a créditos y oportunidades de emprendimiento que transforman sus realidades y las de sus familias.
La relación entre ingresos y violencia también se refleja en estadísticas específicas. En parejas donde las mujeres ganan menos de cierta cantidad mensual, los índices de violencia física son significativamente más altos que en hogares donde ellas cuentan con mejores ingresos. Esta correlación evidencia cómo la estabilidad económica funciona como factor protector.
Sin embargo, alcanzar la autonomía económica no es sencillo en un contexto marcado por brechas salariales, discriminación laboral y la sobrecarga de trabajo de cuidado no remunerado. En América Latina, millones de mujeres dedican más del doble de tiempo que los hombres a labores domésticas y de cuidado, limitando sus posibilidades de insertarse en el mercado laboral formal.
Los expertos concuerdan en que abordar la violencia económica requiere un enfoque integral que incluya educación financiera, políticas de inclusión laboral, sistemas de cuidado compartido y marcos legales que reconozcan y sancionen estas prácticas. Solo así será posible romper el ciclo que mantiene a millones de mujeres atrapadas en situaciones de abuso.
La evidencia es contundente: la autonomía económica no es un lujo, sino una necesidad fundamental para garantizar la seguridad y dignidad de las mujeres. Mientras persistan las desigualdades en el acceso a recursos y oportunidades, millones de mujeres seguirán expuestas a múltiples formas de violencia.
El camino hacia la erradicación de la violencia de género debe incluir, necesariamente, el fortalecimiento de la independencia económica femenina. Gobiernos, organizaciones y la sociedad en su conjunto tienen la responsabilidad de crear las condiciones que permitan a todas las mujeres alcanzar su plena autonomía, tanto económica como en todos los aspectos de sus vidas.
