Caso UNGRD sacude Congreso y opinión regional
El documento ordena la práctica de pruebas y le da a la fiscal Camargo un plazo de diez días para remitir un informe detallado con todas las actuaciones de la Fiscalía frente a la denuncia que presentó la Red de Veedurías. La representante investigadora, María Eugenia Lopera, pidió que ese reporte se convierta en insumo central del expediente que hoy examina la Comisión, instancia encargada de investigar a altos funcionarios como el Presidente, los magistrados de altas cortes y la propia fiscal general.
La denuncia que detonó la indagación señala la posible existencia de una “conveniencia” entre Camargo y los fiscales 9 y 11 delegados ante la Corte Suprema de Justicia para “permitir o facilitar” que Carlos Ramón González saliera del país hacia Nicaragua. El texto plantea también que se revisen eventuales delitos como fraude a resolución judicial, concierto para delinquir, abuso de función pública y favorecimiento, todas figuras de alto calibre penal que, de momento, solo están en el terreno de las hipótesis.
González, quien fue director del Dapre y director nacional de inteligencia, terminó vinculado al caso UNGRD, uno de los escándalos de corrupción más grandes del gobierno de Gustavo Petro. De acuerdo con la Fiscalía y reportes de prensa, habría participado en un esquema de contratos irregulares y pagos de sobornos relacionados con la compra de carrotanques y otras contrataciones. Hoy se encuentra en Nicaragua, con asilo concedido por el gobierno de Daniel Ortega, mientras Interpol mantiene activa una circular roja en su contra.
Desde la Costa Caribe, el anuncio de la Comisión se interpreta como un mensaje de que el Congreso no permanecerá al margen del debate sobre responsabilidades. El escándalo ha tenido impacto nacional, pero también eco local: en departamentos golpeados por emergencias y problemas hídricos, la ciudadanía se pregunta cuánto influyó la corrupción en la falta de respuestas efectivas.
La Comisión, sin embargo, camina sobre una línea fina. Por un lado, debe ejercer su función constitucional de investigar a altos dignatarios; por otro, debe evitar que la indagación se perciba como una revancha política o un intento de interferir en la autonomía de la Fiscalía. En su auto, la célula se limita a solicitar pruebas y a recordar que, por ahora, se trata de una investigación previa, sin decisiones de fondo sobre la responsabilidad de Camargo.
En el Caribe político, donde confluyen intereses de bancadas oficialistas y de oposición, el caso se sigue con atención. Los congresistas de la región han participado activamente en debates sobre el escándalo UNGRD, algunos como aliados de las víctimas y las veedurías, otros como defensores del gobierno y de la fiscal. Lo que ocurra con la investigación a Camargo podría reordenar alianzas, tensar más la relación entre ramas del poder y convertirse en un tema clave de cara a las próximas contiendas electorales locales y nacionales.
Mientras tanto, en Barranquilla y el resto de la Costa, el caso se mezcla con otras preocupaciones: seguridad, empleo, infraestructura y campañas. Pero el expediente que se mueve en la Comisión de Acusación no pasa desapercibido. Para una región que históricamente ha exigido mayor transparencia en el uso de recursos y en la gestión de emergencias, la pregunta es si esta investigación servirá para enviar un mensaje claro frente a la corrupción o si terminará archivada sin mayores consecuencias.
Con la decisión de recaudar pruebas en la investigación contra Luz Adriana Camargo por la fuga de Carlos Ramón González, la Comisión de Acusación pone al Congreso —y al Caribe político— en el centro del debate sobre el caso UNGRD. En los próximos días, el informe que entregue la fiscal general y las pruebas que recopile la célula parlamentaria definirán si el proceso avanza o se archiva. Desde Barranquilla y la región Caribe, donde se siente de manera directa el impacto de la corrupción en la gestión del riesgo, el desenlace de este expediente será clave para medir la voluntad real de las instituciones de enfrentar la impunidad en Colombia.
