Operación contra disidencias deja al menos siete menores muertos
Un bombardeo de las Fuerzas Militares contra un campamento de las disidencias de las FARC en el departamento del Guaviare tiene contra las cuerdas al presidente Gustavo Petro. La operación, dirigida contra estructuras bajo el mando de alias Iván Mordisco y ejecutada esta semana en una zona selvática del municipio de Calamar, dejó 19 o 20 personas muertas —según diversas fuentes oficiales—, entre ellas al menos siete menores de edad reclutados por el grupo armado. La magnitud del resultado y la condición de las víctimas activaron de inmediato las alarmas sobre el cumplimiento del Derecho Internacional Humanitario.
El Gobierno ha presentado el bombardeo como una acción necesaria para neutralizar una amenaza inminente contra un pelotón de jóvenes soldados que, según el propio Petro, estaba a punto de ser emboscado por cerca de 150 hombres armados. El presidente reconoció que se trató de una “decisión riesgosa”, pero insistió en que la prioridad era proteger la vida de la tropa. Para la Casa de Nariño, la operación se enmarca en una estrategia más agresiva frente a las disidencias de las FARC y otros grupos, como el Clan del Golfo, en un contexto de presión interna y externa por resultados en seguridad.
Sin embargo, la narrativa oficial se ha visto cuestionada por otras entidades del Estado. La Defensoría del Pueblo confirmó que, entre los cuerpos recuperados tras la operación, se encuentran al menos seis menores de edad víctimas de reclutamiento forzado, mientras que Medicina Legal elevó esa cifra a siete, tras analizar los restos que llegaron a la institución forense. Esta divergencia numérica, sumada al hecho mismo de la muerte de niños, ha intensificado las críticas sobre la planeación y ejecución del ataque.
Organizaciones como la Fundación Paz y Reconciliación y la Coalición contra la Vinculación de Niños, Niñas y Jóvenes al Conflicto Armado (Coalico) han puesto el foco en tres principios clave del Derecho Internacional Humanitario: distinción, proporcionalidad y precaución. Su argumento central es que, aun cuando los menores hubieran sido reclutados por un grupo armado ilegal, no dejan de ser sujetos de especial protección y no pueden ser considerados blancos legítimos en operaciones militares. En esa línea, cuestionan si se agotaron todas las medidas para minimizar el riesgo sobre los niños antes de autorizar el bombardeo.
La polémica golpea especialmente al presidente Petro porque parece chocar con su propia historia política. Cuando era senador y líder de la oposición, fue uno de los críticos más duros de bombardeos similares ejecutados durante el gobierno de Iván Duque, en los que también murieron menores de edad en campamentos de grupos armados. Hoy, siendo jefe de Estado y comandante supremo de las Fuerzas Militares, se encuentra defendiendo una operación que organizaciones de derechos humanos equiparan a aquellas que antes cuestionaba, lo que ha alimentado señalamientos de incoherencia y doble rasero.
En el frente político, el caso ya tiene consecuencias. Desde el Congreso se han anunciado mociones de censura contra el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, para que explique con detalle la inteligencia previa que sustentó la operación, la evaluación de riesgos sobre la presencia de menores en el campamento y las medidas adoptadas para cumplir los estándares del DIH. Legisladores de distintos partidos advierten que el país necesita claridad sobre si se trató de un ataque proporcionado y legítimo, o de una acción que podría derivar en responsabilidades disciplinarias y penales para mandos militares y civiles.
Mientras tanto, en el Guaviare y en otros territorios donde operan las disidencias, la muerte de los menores vuelve a poner sobre la mesa la tragedia del reclutamiento forzado. La Defensoría del Pueblo, el ICBF y organizaciones sociales insisten en que los niños, niñas y adolescentes son víctimas de una doble vulneración: primero, cuando son llevados a la guerra; y luego, cuando quedan expuestos a operaciones militares que no siempre logran diferenciarlos de los combatientes adultos. El caso se suma así a un historial doloroso que Colombia no ha logrado cerrar.
El bombardeo del Ejército en Guaviare, que dejó varios menores de edad muertos, abre un nuevo capítulo de debate sobre la política de seguridad del gobierno de Gustavo Petro y el respeto del Derecho Internacional Humanitario en Colombia. Mientras el presidente defiende la operación como un acto para salvar a un pelotón de soldados, la Defensoría del Pueblo, Medicina Legal y organizaciones de derechos humanos exigen explicaciones sobre la planeación del ataque y la protección de los niños reclutados. En medio de la controversia, el caso pone en jaque la coherencia del discurso oficial y anticipa semanas de fuerte presión política y judicial sobre la Casa de Nariño y la cúpula militar.
