Los 14 capturados enfrentan cargos por estafa y delitos informáticos, mientras la Fiscalía pide a más afectados denunciar a la línea 122
Durante una operación conjunta de la Fiscalía General de la Nación, la Policía y autoridades locales, fue desmantelada una red de estafas que operaba desde Medellín y que, según los investigadores, habría tumbado más de $71.000 millones mediante un esquema de inversiones falsas en criptomonedas. La estructura, integrada por 14 personas capturadas en las últimas semanas, funcionaba desde un call center ubicado en el sur de la ciudad, desde donde se contactaba telefónicamente a víctimas en Colombia, Chile y Perú con la promesa de rentabilidades que superaban con creces las de la banca tradicional.
De acuerdo con el expediente, los supuestos asesores financieros ofrecían a los ciudadanos la posibilidad de “entrar a un club de inversión” a cambio de una cuota inicial que oscilaba entre 200 y 250 dólares, es decir, entre 800.000 y un millón de pesos colombianos. Una vez consignado el dinero, las víctimas eran guiadas para ingresar a plataformas digitales donde podían ver gráficas y paneles que simulaban ganancias crecientes, en algunos casos de hasta cinco veces el capital entregado. Sin embargo, esas supuestas utilidades nunca se materializaban, y los aportes iniciales tampoco se invertían realmente en el mercado de criptoactivos.
Para reforzar la confianza, los investigados insistían en contactos frecuentes por teléfono o mensajes y ofrecían asesoría personalizada, acompañada de informes de “rendimientos diarios” y proyecciones a mediano plazo. Según la Fiscalía, todo hacía parte de una estrategia para mantener cautivas a las víctimas y convencerlas de aumentar sus aportes o invitar a familiares y amigos al esquema, replicando la lógica de los modelos piramidales. De esta manera, entre 2021 y octubre de 2025 la red habría captado sumas millonarias que luego fueron desviadas a cuentas controladas por los cabecillas y a empresas fachada.
El gran salto de la organización, según las autoridades, fue el uso de herramientas de acceso remoto para profundizar el desfalco. A las personas se les solicitaba instalar aplicaciones como AnyDesk o Imperios con el argumento de ofrecerles “soporte técnico” y mostrarles en tiempo real el comportamiento de sus inversiones. Una vez obtenidos los permisos, los operadores podían entrar a los computadores y celulares, copiar contraseñas, recuperar tokens de seguridad y hacer movimientos en productos bancarios, billeteras digitales y otros servicios financieros vinculados a las víctimas.
La investigación identifica como presunto líder de la estructura al ciudadano mexicano Alejandro Maximiliano Ronquillo Treviño, conocido con el alias de “Daniel”, a quien las autoridades señalan de coordinar la logística del call center y el direccionamiento de los recursos captados. A su lado, José Mauricio Murcia Martínez, alias “Murcia”, habría sido el responsable de mover el dinero hacia diferentes cuentas, mientras que el abogado Daniel López Uribe habría creado sociedades y empresas fachada para dar apariencia de legalidad a las operaciones. Junto a ellos figuran once personas más que se desempeñaban como coordinadores y asesores telefónicos.
Los 14 capturados fueron imputados por los delitos de estafa y hurto por medios informáticos, violación de datos personales –en modalidad de delito masa–, concierto para delinquir, lavado de activos y enriquecimiento ilícito. El juez 16 Penal Municipal con función de control de garantías de Medellín impuso medida de aseguramiento en centro carcelario al presunto cabecilla mexicano, a Murcia Martínez y al abogado López Uribe, al considerar que tenían un rol protagónico en la organización. Los otros once procesados deberán seguir el curso del proceso en detención domiciliaria, mientras avanza la etapa de juicio.
El caso es visto por las autoridades como un nuevo campanazo de alerta frente al auge de las estafas asociadas a las criptomonedas, un fenómeno en el que Colombia aparece entre los países de la región con más víctimas de modelos fraudulentos, según reportes internacionales. En Medellín, además, la Personería y otras entidades han advertido del incremento sostenido de denuncias por estafas digitales en los últimos años, muchas de ellas vinculadas a inversiones y compras por internet. Este contexto explica la decisión de la Fiscalía de fortalecer su Dirección Especializada contra los Delitos Informáticos y priorizar este tipo de investigaciones.
Las autoridades insisten en que, ante cualquier oferta de inversión en criptomonedas desde Medellín o el Valle de Aburrá, la ciudadanía debe verificar la trayectoria de las plataformas, desconfiar de promesas de ganancias inmediatas y nunca entregar el control remoto de sus dispositivos ni claves personales. También recuerdan que las víctimas de este tipo de fraudes pueden denunciar en la línea 122 de la Fiscalía o en las URI más cercanas, pasos clave para seguir desmantelando redes de estafas digitales que operan desde la ciudad y afectan a personas en Colombia y otros países
