89 asociaciones campesinas protestan en Urabá
Más de 89 asociaciones campesinas iniciaron un paro indefinido en Urabá este viernes 28 de noviembre, bloqueando la principal vía que conecta San Juan de Urabá con Arboletes. La movilización responde a lo que las comunidades rurales califican como incumplimientos sistemáticos del Gobierno nacional en materia de acceso y formalización de tierras.
Los manifestantes exigen acciones concretas de la Agencia Nacional de Tierras para avanzar en los procesos que les permitirían obtener la propiedad formal de los predios donde han vivido y trabajado durante años. El bloqueo ha generado afectaciones significativas en la movilidad regional, con decenas de vehículos represados en el corredor vial.
Las organizaciones campesinas advierten que mantendrán la protesta hasta que el Gobierno nacional instale mesas de diálogo y presente soluciones efectivas a sus reclamos históricos.
La protesta que paralizó Urabá este viernes tiene como antecedente una movilización similar realizada hace un año, en la cual el Gobierno nacional habría adquirido compromisos específicos con las comunidades campesinas. Según Ayineth Pérez, presidenta del Movimiento de Mujeres Campesinas de Urabá, estos acuerdos no se han materializado, lo que ha generado frustración y desconfianza entre los habitantes rurales de la subregión.
La lideresa campesina señaló que las asociaciones exigen que la Agencia Nacional de Tierras se traslade directamente al territorio para dialogar con las comunidades afectadas. Este contacto directo, argumentan, es fundamental para comprender las particularidades de cada caso y agilizar los trámites que han permanecido estancados durante años.
El bloqueo se concentra principalmente en el corredor vial que conecta San Juan de Urabá con Arboletes, donde se registra un cierre total. Decenas de vehículos permanecen represados en ambos sentidos de la vía, generando preocupación entre transportadores y comerciantes de la región. Los manifestantes han establecido un protocolo para permitir el paso intermitente de vehículos de emergencia, como ambulancias, pero mantienen cerrado el acceso al resto del tránsito vehicular.
Las demandas campesinas no se limitan únicamente a la formalización de tierras. Los líderes comunitarios también reclaman una reforma urgente al programa de sustitución de cultivos, denunciando incumplimientos en la implementación de la política y la ausencia de garantías reales para quienes participan en estos procesos. Esta situación ha generado incertidumbre entre familias que esperaban alternativas productivas legales.
Pedro Baracutao, representante a la Cámara, manifestó su respaldo a las comunidades y recordó que se han realizado cerca de siete constancias en el Congreso de Colombia y aproximadamente diez audiencias públicas sobre la problemática de tierras en Urabá. A pesar de estos esfuerzos institucionales, las soluciones concretas no han llegado a los territorios.
El representante detalló que las comunidades campesinas están cansadas del incumplimiento de compromisos que abarcan no solo la entrega y formalización de tierras, sino también proyectos productivos, mejoramiento de vías terciarias y reparación a víctimas del conflicto armado. Esta multiplicidad de reclamos evidencia la complejidad de la situación rural en la subregión.
La Agencia Nacional de Tierras no se ha pronunciado oficialmente sobre las protestas ni ha anunciado la conformación de mesas de diálogo con las comunidades. Mientras tanto, los campesinos mantienen su posición firme de continuar con el paro hasta obtener respuestas concretas del Gobierno nacional.
El paro campesino en Urabá refleja las tensiones acumuladas en una región que ha sido epicentro histórico de conflictos por la tierra. Las comunidades rurales enfrentan ahora la disyuntiva entre continuar esperando soluciones institucionales o intensificar sus medidas de presión para ser escuchadas.
La respuesta del Gobierno nacional en los próximos días será determinante para el desenlace de esta crisis. Las 89 asociaciones campesinas han dejado claro que no levantarán el bloqueo sin garantías tangibles de que sus reclamos serán atendidos con la urgencia que, según ellos, merecen después de años de espera.
