Santa Marta será el escenario clave
Colombia solicitará a Venezuela la liberación de 18 personas detenidas durante la cumbre de la CELAC, que se realiza en Santa Marta. La Cancillería colombiana confirmó que la petición se presentará en una reunión con su contraparte venezolana, en la que también participarán equipos técnicos.
El encuentro está previsto para el 9 de noviembre, en el marco de la IV Cumbre CELAC-Unión Europea. La gestión se produce luego de que, el 24 de octubre, se confirmara la liberación de 17 colombianos en territorio venezolano, lo que dejó abierta la situación de otros casos priorizados.
Colombia elevará la solicitud con base en listas verificadas de detenidos, que incluyen casos humanitarios y de presunto error de identidad. La Cancillería plantea que la revisión contemple garantías procesales y el respeto a los estándares internacionales aplicables.
La reunión bilateral se desarrollará en Santa Marta, ciudad anfitriona de la cumbre, con el apoyo de equipos consulares encargados de consolidar expedientes y actualizaciones de los casos.
El Gobierno colombiano sostiene que la interlocución con Caracas ha permitido destrabar varios procesos en las últimas semanas, citando la salida de 17 connacionales de centros de reclusión. No obstante, insiste en que 18 personas siguen pendientes de resolución, por lo que solicitará un cronograma claro de revisión.
Del lado venezolano, la Cancillería reconoce que existen mecanismos de cooperación consular en marcha y que la situación se aborda caso por caso. Según fuentes diplomáticas, el objetivo es reducir los tiempos de respuesta y mejorar el intercambio de información jurídica y médica cuando sea necesario.
La CELAC actúa como una plataforma para acercamientos discretos entre gobiernos, evitando convertir los temas consulares en disputas públicas. En escenarios similares, países de la región han aprovechado la agenda multilateral para acelerar entregas de documentación y facilitar visitas consulares.
El contexto fronterizo añade complejidad: medidas de cierre temporal de pasos y coyunturas políticas recientes han interrumpido los flujos consulares. Aun así, Bogotá y Caracas mantienen canales formales y han reiterado que no romperán relaciones, priorizando la asistencia a sus nacionales.
Organizaciones civiles han pedido mayor transparencia sobre las cifras y condiciones de detención, así como la verificación consular regular. Expertos subrayan que el cumplimiento de las convenciones consulares internacionales facilita soluciones y evita la politización de casos individuales.
La expectativa del Gobierno colombiano es cerrar la cumbre con avances tangibles para las familias, ya sea mediante traslados, libertades o definiciones judiciales. Caracas, por su parte, no ha anticipado anuncios, aunque mantiene abierta la vía diplomática. Si bien la agenda es reservada, ambas partes coinciden en privilegiar salidas humanitarias y jurídicas.
