Cuatro magistrados investigados por presuntas irregularidades procesales
La Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes adelantará este miércoles 12 de noviembre una inspección judicial en la Sección Quinta del Consejo de Estado. La diligencia, programada para las 4 de la tarde, busca recopilar pruebas en dos procesos relacionados con nulidades electorales que involucran a cuatro magistrados.
La representante Gloria Arizabaleta, presidenta de la Comisión de Acusaciones, ordenó la apertura de investigación previa contra los magistrados Omar Joaquín Barreto, Luis Alberto Álvarez Parra, Gloria María Gómez Montoya y Pedro Pablo Vanegas Gil. Los casos bajo escrutinio corresponden a la nulidad electoral del alcalde de Calima Darién y la del gobernador de San Andrés, junto con sus respectivas tutelas.
La inspección será acompañada por miembros de la Dijín y del Cuerpo Técnico de Investigación adscrito a la corporación legislativa. Los magistrados investigados no designaron abogado particular para su defensa, por lo que la Comisión ordenó a la Defensoría del Pueblo asignarles representación legal.
El Acto de Sustenciación 002 establece que la representante investigadora procedió a ordenar la apertura de investigación previa y decretar la práctica de pruebas, de acuerdo con lo establecido en el artículo 424 de la Ley 600 de 2000. Esta decisión se tomó luego de evaluar las denuncias presentadas contra los magistrados de la Sección Quinta del Consejo de Estado.
El caso del gobernador de San Andrés ha generado particular atención por las acusaciones de presunto prevaricato por acción. Según la denuncia formulada por el Comité Político Pacto Histórico San Andrés Islas, se habría violado el debido proceso y desconocido los términos establecidos para la tutela como mecanismo constitucional expedito que debe resolverse en diez días.
Los denunciantes señalan que se habría permitido que terceros ajenos a la demanda interpusieran argumentos relacionados con el idioma creole, como si se tratara de un proceso colectivo contra la comunidad raizal, cuando en realidad se trata de un proceso individual que involucra a Nicolás Gallardo Vásquez, quien se desempeñó como gobernador del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.
Adicionalmente, el ciudadano Miguel Ángel Mora presentó una denuncia en la que afirma que dentro del medio de control de nulidad electoral de Nicolás Iván Gallardo Vásquez se presentó presuntamente un acto procesal manifiestamente contrario a la ley. Según esta versión, se habría admitido una reforma de la demanda fuera del momento procesal legalmente establecido.
Por su parte, el caso del alcalde de Calima Darién también se encuentra bajo investigación por presuntas irregularidades en el proceso de nulidad electoral y en la tutela asociada. Ambos casos son considerados críticos para determinar si hubo actuaciones indebidas por parte de los magistrados en el manejo de procesos electorales.
La Comisión de Acusaciones tiene la facultad constitucional de investigar a los magistrados de las altas cortes cuando se presentan denuncias por delitos cometidos en ejercicio de sus funciones. Esta célula del Congreso está conformada por dieciséis miembros elegidos por sistema de cociente electoral y tiene competencia para formular acusaciones que luego deben ser aprobadas por la plenaria de la Cámara.
Durante la inspección judicial, la representante Arizabaleta y el equipo técnico tomarán copia de los expedientes relacionados con ambos procesos. El objetivo es verificar las actuaciones procesales y determinar si existen elementos que configuren conductas irregulares por parte de los magistrados investigados. Esta diligencia es un paso fundamental en el proceso investigativo antes de decidir si se formula acusación formal.
La inspección programada para este miércoles marca un momento crucial en la investigación contra los cuatro magistrados del Consejo de Estado. Los resultados de esta diligencia servirán de base para que la Comisión de Acusaciones determine si existen méritos suficientes para continuar con el proceso investigativo o si se debe archivar el expediente.
Este caso representa uno de los múltiples procesos que adelanta actualmente la Comisión de Acusaciones, organismo que ha sido objeto de críticas por la demora en la tramitación de expedientes. Sin embargo, la realización de esta inspección evidencia un avance concreto en la investigación de presuntas irregularidades en procesos electorales de alta relevancia nacional.
