En el evento, cabecillas de estructuras criminales salieron de la cárcel de Itagüí para subir a tarima junto al mandatario
La Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes ordenó abrir una investigación previa al presidente Gustavo Petro por el llamado “tarimazo” de Medellín, el polémico acto de Paz Urbana en el que jefes de estructuras criminales compartieron escenario con el mandatario en el Centro Administrativo La Alpujarra. La decisión se enmarca en el expediente 6992, presentado por el concejal antioqueño Alejandro de Bedout Arango, quien pidió revisar la legalidad de lo ocurrido el 21 de junio de 2025.
De acuerdo con el auto de la Comisión, la diligencia se adelanta bajo el artículo 424 de la Ley 600 de 2000, que regula las investigaciones previas contra el jefe de Estado. El documento ordena practicar “diligencias y recolección de pruebas pertinentes, conducentes y necesarias” para determinar si hubo faltas disciplinarias o hechos que puedan configurar delitos dentro de la actuación oficial del presidente durante el evento en Medellín.
El episodio que motivó la denuncia se remonta al acto de Paz Urbana realizado en la plazoleta de La Alpujarra, al que fueron trasladados desde la cárcel de máxima seguridad de Itagüí varios cabecillas de estructuras como la Oficina de Envigado y La Terraza. Los reclusos aparecieron en primera fila, con gorras y camisetas alusivas al proceso, y participaron como “voceros” en la tarima, lo que generó una fuerte controversia nacional por el mensaje simbólico que transmitía la imagen.
La Comisión ofició al Inpec para que remita las resoluciones y documentos que autorizaron la salida temporal de los internos, así como los soportes de traslado y custodia el día del evento. También le pidió al Ministerio de Justicia informar si conoció y avaló la decisión de permitir la presencia de los cabecillas en la tarima presidencial, y bajo qué criterios jurídicos o administrativos se dio ese visto bueno.
En la misma línea, la Presidencia de la República deberá certificar si desde la Secretaría Privada, la Jefatura de Gabinete o la Consejería Presidencial para la Reconciliación se impartieron órdenes o directrices relacionadas con la organización del evento, en particular sobre la invitación a los cabecillas y la coordinación con el Inpec. El Sistema de Medios Públicos RTVC y el Canal Institucional también fueron requeridos para entregar copia de la transmisión oficial de la jornada.
El proceso no se queda solo en lo ocurrido con el presidente. La Comisión recordó que ya compulsó copias a la Sala de Instrucción de la Corte Suprema por señalamientos contra la senadora Isabel Cristina Zuleta, quien, según denuncias, habría tenido un papel clave en la autorización de la salida de los cabecillas de la cárcel. Será la Corte la que determine si hay méritos para una investigación penal o disciplinaria contra la congresista.
Desde el Gobierno se ha defendido el acto de Paz Urbana como parte de una política para reducir la violencia en el Valle de Aburrá, argumentando que el diálogo con estructuras criminales es un paso necesario para desmantelar sus redes. Los críticos, en cambio, sostienen que el “tarimazo” pudo enviar un mensaje de legitimación a cabecillas condenados por homicidio, narcotráfico y otros delitos graves, y que una eventual responsabilidad política deberá ser esclarecida en este proceso.
La apertura de una investigación previa en la Comisión de Acusación contra Gustavo Petro por el “tarimazo” en Medellín marca un nuevo capítulo en la controversia por el acto de Paz Urbana en La Alpujarra. Mientras el Congreso recopila pruebas sobre la salida de cabecillas desde la cárcel de Itagüí y la organización del evento, el país sigue atento a un expediente que cruzará política, justicia y seguridad urbana en Medellín y Antioquia, y que podría redefinir los límites de la negociación con estructuras criminales en Colombia.
