Cámara y Senado presentan ponencias de archivo
La reforma tributaria del gobierno del presidente Gustavo Petro enfrenta su momento más crítico tras la presentación simultánea de dos ponencias de archivo en el Congreso de la República. La Cámara de Representantes y el Senado coincidieron en frenar el proyecto que buscaba recaudar 16,3 billones de pesos para financiar el Presupuesto General de la Nación de 2026.
El senador Efraín Cepeda logró reunir 10 firmas de los 17 integrantes de la Comisión Tercera del Senado, mientras que en la Cámara, la representante Katherine Miranda radicó una ponencia similar con amplio respaldo multipartidista. Los congresistas argumentan que Colombia llegó a un límite impositivo y que nuevas cargas tributarias afectarían la inversión, el empleo y el bolsillo de los ciudadanos.
El gobierno nacional, que defendía el proyecto como una herramienta para estabilizar las finanzas públicas, se queda sin mayorías parlamentarias y enfrenta el escenario de replantear completamente su estrategia fiscal. El ambiente político adverso y el calendario electoral se presentan como obstáculos insalvables para la aprobación de cualquier iniciativa que implique nuevos impuestos.
La ponencia de archivo presentada en el Senado cuenta con el respaldo de legisladores de diversas colectividades políticas, lo que evidencia un frente común contra el proyecto gubernamental. Entre los firmantes se encuentran Juan Pablo Gallo del Partido Liberal, Ciro Ramírez del Centro Democrático, Juan Carlos Garcés del Partido de la U, Antonio Zabaraín de Cambio Radical, Mauricio Gómez Amín del Partido Liberal, Liliana Bitar del Partido Conservador, Jairo Castellanos de ASI, Karina Espinosa del Partido Liberal y María Angélica Guerra del Centro Democrático.
El documento radicado por estos congresistas advierte que la iniciativa no responde a las necesidades estructurales del país y que sus efectos podrían agravar la situación fiscal. Los legisladores sostienen que el proyecto afectaría negativamente la inversión, el ahorro y el empleo, precisamente en un momento en que la economía colombiana requiere estímulos para su reactivación.
En la Cámara de Representantes, Katherine Miranda argumentó que la reforma pretende recaudar recursos “metiéndole la mano al bolsillo a los colombianos que ya no aguantan más impuestos”. La congresista señaló que el proyecto afecta directamente a los más pobres y a la clase media, especialmente a través del aumento en el costo de la gasolina, que impacta a campesinos, transportadores y trabajadores, encareciendo los alimentos y la vida de todos los colombianos.
El proyecto original del gobierno buscaba modificaciones sustanciales en el sistema tributario colombiano. Entre las medidas más controvertidas se encontraban el aumento de tarifas del impuesto de renta para personas naturales hasta 41 por ciento, el gravamen sobre inflaciones y el desmonte de deducciones. También planteaba aumentar la presión sobre el ahorro y el mercado de capitales, encareciendo los dividendos para residentes.
La reforma mantenía la tarifa de renta empresarial en 35 por ciento, mientras el promedio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) se ubica en 23 por ciento. Además, contemplaba la reactivación del impuesto al patrimonio con bases más amplias y tarifas más elevadas, junto con un impuesto al carbono que los críticos consideran más recaudatorio que ambiental.
El ministro de Hacienda, Germán Ávila, había presentado ajustes al proyecto en un intento por conseguir apoyos parlamentarios. Entre las modificaciones se encontraba la eliminación de artículos relacionados con combustibles, incluyendo la base gravable para distribuidores minoristas y la estructura escalonada de tarifas de gasolina y ACPM. Sin embargo, estos ajustes no lograron cambiar el ambiente político adverso que enfrenta la iniciativa.
La oposición manifestó que presentará propuestas alternativas centradas en el recorte de gastos del gobierno, similar al Plan de Renovación de la Administración Pública implementado durante la administración del expresidente Álvaro Uribe en 2003. Esta estrategia busca equilibrar las finanzas públicas sin recurrir a nuevos impuestos, un argumento que ha ganado fuerza en el Congreso ante la proximidad de las elecciones.
Con dos ponencias de archivo sobre la mesa y un ambiente político claramente adverso, el futuro de la reforma tributaria parece resuelto antes de cualquier votación formal. El gobierno de Gustavo Petro enfrenta ahora el desafío de regresar a la mesa de negociaciones y replantear su estrategia fiscal para el año 2026.
El Congreso dejó claro que, en este momento político, no está dispuesto a acompañar un aumento de cargas impositivas. La combinación del año electoral, las críticas al desempeño económico del gobierno y la percepción ciudadana de estar sobrecargados de impuestos, conforman un escenario que hace prácticamente inviable cualquier reforma tributaria significativa en el corto plazo.
