Requerimiento incluye toda la documentación contractual del proceso
El órgano de control fiscal del país dio un paso determinante en la supervisión de una de las inversiones militares más significativas de los últimos años. El contralor general solicitó formalmente al jefe de la cartera de defensa entregar información detallada sobre el proceso de adquisición de aeronaves de combate de origen sueco.
La petición oficial abarca todos los documentos relacionados con el contrato firmado con la firma europea, incluidos estudios técnicos, evaluaciones económicas y análisis jurídicos que sustentaron la elección final. Esta solicitud se produce en un contexto donde las autoridades buscan verificar el cumplimiento de las normas de contratación estatal.
El monto destinado a esta operación alcanza cifras históricas, convirtiéndose en una de las mayores inversiones del sector defensa en décadas. La operación contempla no solo la adquisición de las aeronaves sino también equipamiento complementario, capacitación y transferencia tecnológica.
La Contraloría General emitió una comunicación oficial donde exige al ministerio respectivo presentar el expediente completo de la negociación. El documento, firmado por el titular del órgano fiscalizador, especifica que se requieren los informes de alternativas evaluadas, soportes técnicos, legales y económicos que fundamentaron la decisión de comprar las aeronaves nórdicas en lugar de otras opciones del mercado.
El requerimiento enfatiza que ninguna información puede ser ocultada bajo argumentos de reserva cuando se trata del ejercicio de control fiscal. La autoridad recordó que la Constitución establece el control preventivo y concomitante en tiempo real sobre la ejecución de recursos públicos, lo que significa que el seguimiento debe realizarse durante todas las etapas del proceso contractual.
La solicitud incluye además los contratos suscritos con las firmas asesoras que participaron en el proceso de evaluación y selección. Las autoridades fiscales buscan establecer si cada paso de la negociación se ajustó estrictamente a lo establecido en la normatividad sobre contratación pública, especialmente tratándose de un monto tan significativo para las arcas nacionales.
Frente a los cuestionamientos, el responsable de la cartera defendió públicamente la legalidad del proceso. En declaraciones a medios de comunicación, aseguró que más de cien personas entre militares y civiles participaron en las diferentes etapas de evaluación, garantizando objetividad en la decisión final.
El titular explicó que el proceso contó con acompañamiento de una firma especializada en derecho, además de comités técnicos, económicos y jurídicos. También participaron directamente representantes de la empresa fabricante y del gobierno del país europeo, agregando capas adicionales de supervisión y transparencia.
Respecto a los valores, el funcionario detalló que el contrato se firmó por más de tres mil millones de euros, lo que al tipo de cambio proyectado y considerando el plazo de pago de siete años, justifica la apropiación de una cifra superior en pesos colombianos. Esta diferencia obedece a proyecciones de variación cambiaria y otros factores financieros inherentes a contratos de largo plazo.
El cronograma establecido contempla entregas progresivas entre los años 2026 y 2032, permitiendo una incorporación gradual de las capacidades operativas. El paquete integral incluye no solo las aeronaves sino también sistemas de armas, equipamiento especializado, programas de entrenamiento para pilotos y personal técnico, así como servicios de soporte posventa durante varios años.
La operación representa un hito en la modernización de las capacidades aéreas del país, reemplazando equipos que llevan décadas en servicio. Además del componente militar, el acuerdo contempla beneficios de transferencia tecnológica que podrían impulsar el desarrollo industrial en sectores estratégicos, incluyendo la producción de tecnología avanzada en regiones que históricamente han sido priorizadas para inversión pública.
Las autoridades fiscales ahora examinarán cada documento para verificar el cumplimiento normativo. Este escrutinio forma parte del proceso regular de supervisión sobre inversiones de gran magnitud, buscando garantizar que los recursos públicos se manejen con total transparencia y dentro del marco legal establecido.
