La representante Catherine Juvinao cuestionó los reportes oficiales sobre bombardeos y enfrentamientos de la Fuerza Pública durante el gobierno Petro
En un debate de control político en la Cámara de Representantes, la congresista Catherine Juvinao, de la Alianza Verde, llevó al centro del Congreso una de las discusiones más sensibles para el actual Gobierno: el impacto de las operaciones militares sobre la niñez en zonas de conflicto. Con base en documentos de Medicina Legal y reportes internos, la representante aseguró que durante la administración de Gustavo Petro serían 42 los menores muertos por acciones de la Fuerza Pública, una cifra que incluye al menos 17 casos asociados a bombardeos y otros 25 en medio de enfrentamientos armados.
Aunque las cifras oficiales conocidas hasta ahora hablaban de 15 menores fallecidos desde agosto en bombardeos contra campamentos de grupos armados organizados, Juvinao sostuvo que hay por lo menos dos casos adicionales que no estarían plenamente reflejados en los reportes públicos. Se trataría de operativos aéreos realizados en 2023 y 2024, en los que, según Medicina Legal, murieron un menor en cada ataque. La congresista planteó que la ausencia de información detallada sobre esos episodios abre la puerta a un posible subregistro de víctimas infantiles.
La representante también llamó la atención sobre otros cinco bombardeos adelantados en departamentos como Meta, Cauca y Antioquia, sobre los cuales no existiría un consolidado público de víctimas. De esas operaciones, recordó, autoridades locales hablaron en su momento de “decenas de muertos”, incluso de hasta 80 fallecidos en el caso de Zaragoza, Antioquia. Sin embargo, nunca se conocieron listados completos de quiénes fueron los muertos ni si entre ellos había niños, niñas o adolescentes reclutados por organizaciones armadas. Para Juvinao, esa falta de trazabilidad impide dimensionar el verdadero impacto humanitario de la estrategia militar.
En paralelo a las cifras asociadas a bombardeos, la congresista aseguró que existen 25 menores de edad más que habrían perdido la vida en el marco de enfrentamientos con la Fuerza Pública en distintos departamentos del país. De acuerdo con la información que expuso, siete de esas muertes se habrían registrado en 2022, once en 2023 y siete en 2024, en regiones como Arauca, Atlántico, Chocó, Cauca, Nariño, Valle, Caquetá y Huila. Esa suma daría como resultado los 42 menores fallecidos cuya situación fue expuesta ante los ministros presentes en el debate.
Ante la magnitud de los señalamientos, la Procuraduría General de la Nación confirmó que mantiene abiertas cinco indagaciones previas para revisar eventuales irregularidades en el accionar de la Fuerza Pública. El delegado para Derechos Humanos explicó que la tarea del Ministerio Público será verificar si, antes y durante las operaciones, se cumplieron los protocolos del Derecho Internacional Humanitario (DIH), en especial el principio de precaución que exige valorar el riesgo de presencia de menores en las zonas a intervenir.
El debate se dio además en medio de un cruce de posiciones entre el Gobierno y la Defensoría del Pueblo. Días antes, la defensora Iris Marín había pedido suspender los bombardeos en los que pudiera haber menores reclutados, invocando los principios de necesidad militar, humanidad y prevalencia de los derechos de la niñez. En respuesta, el presidente Gustavo Petro descartó detener ese tipo de operaciones y afirmó que, si se suspenden los bombardeos, los cabecillas de los grupos armados se verían incentivados a reclutar más niños para protegerse de la acción militar.
El Gobierno también ha defendido que, gracias a sus políticas, se habría reducido el reclutamiento de menores en cerca de un 34 % y que el principal responsable del uso de niños en el conflicto sería alias Iván Mordisco, jefe de una de las disidencias de las FARC, a quien el presidente dijo que denunciará ante la Corte Penal Internacional. No obstante, mientras organizaciones de derechos humanos, sectores del Congreso y las propias familias de las víctimas piden claridad sobre lo ocurrido en los bombardeos y enfrentamientos, el debate sigue abierto sobre cómo equilibrar las exigencias de seguridad con el deber de proteger la vida de los más jóvenes en medio de la guerra.
El debate por los bombardeos del gobierno Petro, las cifras de menores muertos y los reclamos de Catherine Juvinao en el Congreso seguirá marcando la agenda política y judicial en Colombia. A medida que avancen las indagaciones de la Procuraduría y se conozcan nuevos datos de Medicina Legal, crecerá la presión para que el Estado explique qué pasó en cada operativo, fortalezca los controles de inteligencia y garantice que las operaciones militares se ajusten de manera estricta al DIH y a la protección integral de niños, niñas y adolescentes en las regiones más afectadas por el conflicto armado.
