Controversia sobre protección de menores en conflicto
La Defensoría del Pueblo confirmó este viernes la muerte de seis niños, niñas y adolescentes durante un bombardeo de las Fuerzas Militares contra un campamento de disidencias en zona rural del Guaviare. La información contradice directamente la versión oficial entregada por el ministro de Defensa un día antes, quien aseguró categóricamente que no hubo menores afectados en la operación.
El organismo reportó además la recuperación de cuatro cuerpos adicionales que aún no han sido identificados. La operación se desarrolló contra las estructuras del Estado Mayor Central, bajo el mando de alias Iván Mordisco, en un campamento donde se encontraban menores víctimas de reclutamiento forzado.
La controversia generada por las versiones contradictorias entre la Defensoría y el Ministerio de Defensa ha encendido el debate sobre el respeto al Derecho Internacional Humanitario en las operaciones militares. La discusión se centra en los límites del uso de la fuerza cuando hay presencia de menores reclutados forzosamente por grupos armados ilegales.
La defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, emitió un comunicado oficial en el que confirmó la muerte de los seis menores durante la operación militar ejecutada contra el campamento de las disidencias. El pronunciamiento se produjo después de que el ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez, negara la presencia de menores entre las víctimas y justificara el uso de la fuerza sin distinción de edad.
Las declaraciones del jefe de la cartera de Defensa habían generado polémica al afirmar que quien se involucra en hostilidades pierde toda protección, sin distinción alguna. El ministro agregó que lo que mata no es la edad, sino el arma en sí, una posición que fue rechazada enfáticamente por la Defensoría del Pueblo.
La institución defensora de derechos humanos respondió recordando que el Derecho Internacional Humanitario establece límites estrictos, incluso en medio de la guerra. Ningún menor reclutado debería resultar afectado por operaciones militares, aun cuando haya sido obligado a participar en las hostilidades, según el organismo.
La Defensoría explicó que los niños, niñas y adolescentes reclutados mantienen una protección reforzada, derivada de los principios de humanidad, precaución, necesidad militar limitada y del interés superior del niño. Citando jurisprudencia de la Corte Penal Internacional, la entidad insistió en que este tipo de víctimas no pueden ser tratadas como combatientes ni convertirse en objetivos militares.
El operativo se desarrolló en la zona rural del municipio de Calamar, donde las disidencias del Estado Mayor Central mantienen presencia desde hace varios años. La operación fue ordenada directamente por el presidente Gustavo Petro el pasado 10 de noviembre, como parte de una ofensiva militar contra las estructuras de alias Iván Mordisco.
Según la Defensoría, la responsabilidad originaria de esta tragedia recae sobre los grupos armados ilegales que usan a los menores como escudos humanos, algo prohibido categóricamente por el Derecho Internacional Humanitario. Sin embargo, esto no exime a las Fuerzas Militares de adoptar todas las precauciones posibles para proteger a los menores.
El organismo recordó que Colombia incorporó los estándares del Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño, el Estatuto de Roma y los Convenios de Ginebra, normas que prohíben reclutar personas menores de 18 años y utilizarlas en hostilidades. La Defensoría aseguró haber constatado durante el año múltiples casos de vulneraciones del DIH atribuidas a estas disidencias en Guaviare.
La Defensoría del Pueblo reiteró que el reclutamiento de menores es un crimen de guerra y una infracción grave del Derecho Internacional Humanitario. El organismo subrayó que la presencia de niños, niñas y adolescentes en campamentos armados no puede usarse como justificación para flexibilizar los límites en el uso de la fuerza.
La entidad concluyó que la guerra no puede ser normalizada ni utilizada como excusa para justificar vulneraciones a los principios de humanidad, dignidad y necesidad. Su misión, aclaró, no es certificar la legitimidad de acciones militares, sino advertir, rechazar y exigir medidas que protejan la vida de los más vulnerables en medio del conflicto armado colombiano.
