La recusación del magistrado Héctor Carvajal dejó un empate 4-4 en la Corte Constitucional y obligó a llamar a un conjuez para destrabar la decisión sobre la Ley 2381 de 2024
La Sala Plena de la Corte Constitucional, reunida en Bogotá, cerró una de sus jornadas más tensas de este año sin un ganador claro: la votación sobre la reforma pensional del Gobierno de Gustavo Petro terminó empatada, cuatro magistrados a favor y cuatro en contra. El desenlace obligó a activar una figura poco frecuente, la del conjuez, para evitar que la decisión sobre la Ley 2381 de 2024 quedara congelada de forma indefinida. Con esa movida, el futuro de una de las reformas más emblemáticas del Gobierno quedó concentrado en la opinión y el voto de un solo jurista adicional.
El panorama se complicó desde que la Corte declaró fundada la recusación contra el magistrado Héctor Carvajal, antiguo abogado del presidente Petro y excontratista de Colpensiones, la entidad pública llamada a jugar un papel central en el nuevo sistema pensional. La solicitud, presentada por sectores de oposición, argumentaba que la cercanía de Carvajal con el Gobierno y sus conceptos previos sobre la reforma podían afectar su imparcialidad. Al aceptar la recusación, la Sala Plena pasó de nueve a ocho votos posibles y abrió la puerta al empate que ahora tiene en suspenso a millones de trabajadores y pensionados.
Tras escuchar los argumentos sobre la ponencia que proponía tumbar la ley por vicios de trámite, los ocho magistrados presentes dividieron sus posiciones en bloques casi simétricos. De un lado, quienes consideran que el Congreso no respetó todas las etapas exigidas por la Constitución, en especial por la cantidad de cambios introducidos al texto en los últimos debates. Del otro, quienes sostienen que, pese a las críticas, el proceso respetó el núcleo de las reglas legislativas y que la reforma debe seguir su camino como parte de la agenda social del actual Gobierno. La falta de una mayoría clara dejó en evidencia la profundidad de las tensiones jurídicas y políticas alrededor del proyecto.
Para resolver el empate, la Corte convocó al conjuez Carlos Pablo Márquez, abogado y economista con trayectoria en organismos de regulación y litigios complejos. Márquez hace parte de una lista de 18 conjueces designados cada año por la Sala Plena y solo interviene cuando se presentan impedimentos, recusaciones o ausencias que alteran el quórum. Su papel será equivalente al de un magistrado titular: deberá estudiar todo el expediente, escuchar a las partes y, finalmente, votar sobre la constitucionalidad de la ley que transforma el régimen pensional colombiano.
Mientras el caso avanza en los despachos del Palacio de Justicia, en el centro de Bogotá, el reloj corre también para el Gobierno y para el sistema pensional en su conjunto. La reforma, basada en un esquema de pilares y en la creación de una renta básica para adultos mayores en pobreza, fue diseñada para entrar en vigor el 1 de julio de 2025. Cada semana de retraso judicial aumenta la incertidumbre de empresas, fondos privados, Colpensiones y trabajadores, que deben ajustar sus decisiones de ahorro, cotización y planeación de retiro sin saber con certeza qué reglas aplicarán.
Desde el Ejecutivo, el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, ha reconocido que la designación de un conjuez implica una nueva dilación en la implementación de la ley, aunque también celebró que la ponencia que buscaba declarar inconstitucional toda la reforma no hubiera obtenido los votos suficientes. El Gobierno insiste en que el proyecto fortalece el Estado social de derecho, amplía la cobertura y corrige inequidades históricas, especialmente en ciudades como Bogotá, Medellín y Barranquilla, donde conviven trabajadores formales, informales y adultos mayores sin pensión. En contraste, sectores opositores afirman que los cambios pueden afectar la sostenibilidad fiscal y el papel de los fondos privados.
Más allá del pulso institucional, en barrios y municipios del país la discusión se siente con un tono más cotidiano. Para quienes están a punto de cumplir la edad de jubilación, el fallo de la Corte definirá si mantienen las reglas vigentes o si entran al nuevo sistema de pilares. Para los jóvenes que apenas comienzan su vida laboral, la decisión marcará el tipo de ahorro obligatorio que acompañará sus salarios durante décadas. Y para los adultos mayores que hoy viven sin ingresos fijos, la reforma se asocia con la esperanza de una renta mínima que alivie la pobreza en ciudades y zonas rurales.
En los próximos días, el conjuez Carlos Pablo Márquez tendrá en sus manos un expediente que resume años de debates sobre la reforma pensional en Colombia. Su voto definirá si la Ley 2381 de 2024 sigue vigente, si debe ajustarse o si se hunde por completo. Mientras tanto, Bogotá y el resto del país mantienen la atención puesta en la Corte Constitucional, consciente de que el sistema de jubilaciones, la economía familiar y la seguridad social de millones dependen de una sola decisión.
