Gremio solicita criterios técnicos para salario 2026
El debate sobre el salario mínimo para 2026 suma una nueva voz. Somos Uno, el gremio que representa a la distribución minorista de combustibles en Colombia, solicitó este viernes que se considere la realidad operativa de los sectores con funcionamiento permanente en la discusión salarial.
David Jiménez Mejía, vocero nacional del gremio formado por COMCE y Fendipetróleo, destacó que las estaciones de servicio operan bajo márgenes regulados y no pueden trasladar libremente los incrementos de costos laborales a los consumidores. Esta particularidad convierte al sector en especialmente sensible ante aumentos desproporcionados del salario base.
Con más de 6.400 estaciones que generan más de 50.000 empleos formales en todo el país, el sector abastecedor de combustibles representa una fuente laboral significativa, especialmente para jóvenes en su primer empleo y mujeres cabeza de hogar.
El pronunciamiento del gremio se produce en un momento crucial, cuando el gobierno y los sectores productivos comienzan a preparar sus posturas para la negociación del salario mínimo del próximo año. Jiménez Mejía fue enfático al señalar que la definición debe hacerse con criterios técnicos que contemplen la inflación esperada, la productividad y las condiciones específicas de operación de industrias con servicio ininterrumpido.
La red de distribución de combustibles en Colombia está conformada por establecimientos que ofrecen servicios las 24 horas del día, los siete días de la semana. Esta característica operativa implica una estructura de costos laborales distinta a la de otros sectores, con turnos rotativos y una mayor cantidad de personal necesario para mantener la continuidad del servicio.
El sector enfrenta una realidad económica compleja. Según datos del gremio, las estaciones de servicio han experimentado presiones sobre sus márgenes de rentabilidad, junto con caídas o estancamientos en las ventas en diversas regiones del país. El año pasado se registró una contracción en la demanda de gasolina corriente, influenciada en parte por el incremento del precio del galón.
A pesar de este panorama desafiante, el gremio ha logrado mantener los puestos de trabajo formales. Sin embargo, advirtieron que incrementos salariales que no estén alineados con la capacidad de pago del sector podrían generar consecuencias no deseadas. Entre estas se encuentran la reducción de turnos, el cierre de pequeños negocios y, en el peor escenario, la pérdida de empleos formales.
La situación es particularmente delicada en municipios donde la estación de servicio representa uno de los principales empleadores locales. En estas localidades, la desaparición o reducción de operaciones tendría un impacto social significativo sobre las comunidades que dependen de estos establecimientos como fuente de ingreso.
El gremio también planteó la necesidad de introducir ajustes en la política pública para la distribución de combustibles. Entre las propuestas está una revisión técnica de los márgenes de distribución, especialmente en regiones apartadas donde los costos operativos son más elevados y la rentabilidad más limitada.
De cara a 2026, Somos Uno enfatizó que el ajuste del salario mínimo debe cumplir un doble propósito: proteger el poder adquisitivo de los trabajadores y garantizar la sostenibilidad del empleo formal. Para el sector, la clave está en encontrar un equilibrio entre justicia salarial y viabilidad empresarial, especialmente para aquellas industrias con características operativas y regulatorias particulares.
La solicitud del gremio de combustibles pone sobre la mesa una discusión más amplia sobre cómo diferentes sectores económicos enfrentan de manera distinta los incrementos del salario mínimo. La estructura de costos, los márgenes de rentabilidad y la capacidad de trasladar precios varían significativamente entre industrias.
En las próximas semanas, se espera que otros sectores con operación 24/7 o con características regulatorias especiales se sumen al debate. La definición del salario mínimo para 2026 deberá equilibrar múltiples intereses: el bienestar de los trabajadores, la sostenibilidad empresarial y el mantenimiento del empleo formal en un contexto económico que sigue enfrentando desafíos.
