Actas pendientes frenan acuerdo sobre protección regional
El futuro ambiental y urbano de la Sabana de Bogotá volvió a quedar en veremos. En la más reciente sesión del Consejo Estratégico de la Cuenca Hidrográfica del Río Bogotá (CECH), el espacio de concertación entre el Ministerio de Ambiente, la Alcaldía de Bogotá, la Gobernación de Cundinamarca, la CAR y los municipios de la región, se presentaron avances técnicos sobre las directrices ambientales que orientarán el crecimiento de la sabana. Sin embargo, problemas con la aprobación de las actas y la petición de más tiempo por parte de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) impidieron cerrar el capítulo, trasladando la decisión definitiva para el 2 de diciembre.
Estas directrices ambientales, sometidas a consulta pública desde comienzos de año, buscan establecer reglas claras para cinco tipos de zonas en la sabana: áreas de recarga de acuíferos, bosques andinos, bosques secos subxerofíticos, humedales y áreas con amenazas naturales, sobre un territorio de alrededor de 581.000 hectáreas. En la práctica, se trata de un marco que condicionará cualquier plan de expansión urbana, proyectos mineros, agrícolas o viales en Cundinamarca y Bogotá, con el objetivo de reducir la presión sobre ecosistemas altamente transformados por décadas de urbanización y cambios en el uso del suelo.
Durante la sesión, representantes de las entidades técnicas expusieron modelos hidrológicos, mapas de riesgo y escenarios de cambio climático que sustentan la necesidad de proteger con mayor contundencia los humedales y las zonas inundables a lo largo de la cuenca del río Bogotá. El CECH, creado para coordinar la recuperación del río en cumplimiento de una sentencia del Consejo de Estado, tiene la tarea de articular a 46 municipios, además del Distrito Capital, alrededor de una misma hoja de ruta ambiental. Por eso, cada ajuste en las actas, conceptos y transcripciones de las intervenciones genera sensibilidad entre los actores, que buscan que quede registrada con precisión su posición.
La petición de la EAAB de revisar en detalle las actas respondió, según fuentes del sector, al interés de verificar que las intervenciones técnicas y jurídicas de la empresa hayan sido recogidas fielmente, especialmente en lo que tiene que ver con riesgos de inundaciones, capacidad de los sistemas de drenaje y compromisos ya adquiridos en obras de saneamiento del río Bogotá. Para el Distrito, lo que quede escrito en esos documentos será clave a la hora de defender su margen de maniobra en materia de ordenamiento territorial, frente a una directriz nacional que algunos funcionarios consideran muy restrictiva para la planificación urbana.
Del lado del Ministerio de Ambiente, la apuesta es distinta: consolidar una determinante ambiental fuerte que priorice la protección de los ecosistemas de sabana, después de años de advertencias sobre pérdida de suelo agrícola, fragmentación de humedales y deterioro de la calidad del agua. De acuerdo con cifras conocidas en debates anteriores, cerca del 70 % de los humedales de la sabana ha sufrido algún tipo de modificación por la expansión urbana, y nueve de las diez cuencas que abastecen la región están en riesgo por la presión sobre el recurso hídrico y la ocupación de zonas inundables.
Más allá de las diferencias institucionales, los alcaldes de municipios vecinos a Bogotá miran con atención lo que ocurra en diciembre. La definición de las directrices puede impactar proyectos de vivienda, plataformas logísticas, zonas industriales y corredores viales como la Autopista Norte o los trazados del Regiotram y el Tren del Norte, que se han convertido en piezas centrales de la agenda de competitividad de Cundinamarca. Varios mandatarios locales reclaman que la concertación tenga en cuenta las realidades económicas de sus territorios y no solo los criterios ambientales, mientras que organizaciones ciudadanas piden justamente lo contrario: detener nuevos proyectos hasta garantizar la protección efectiva de la sabana.
En este contexto, el encuentro de diciembre se perfila como un punto de inflexión. Allí se espera que el CECH apruebe las actas pendientes y se pronuncie de forma definitiva sobre la propuesta de lineamientos, dejando atrás un proceso que ha incluido ampliaciones de plazos, mesas técnicas y reclamos por participación. La forma en que se resuelva este pulso marcará el tono de la relación entre el Gobierno nacional, Bogotá y Cundinamarca en los próximos años, y definirá hasta qué punto la sabana se consolidará como un territorio con límites claros al crecimiento urbano o seguirá siendo un tablero abierto para la expansión.
La decisión que adopte el CECH en diciembre no solo cerrará un largo ciclo de concertación, sino que definirá el rumbo del futuro ambiental de la sabana de Bogotá. De la solidez técnica y la legitimidad social de las directrices dependerá que este territorio pueda equilibrar su vocación agrícola, su rol como soporte de la capital y la urgente necesidad de frenar la degradación del río Bogotá y sus humedales.
Para los habitantes de Bogotá y Cundinamarca, el desenlace de este debate será determinante: de él saldrán las reglas que condicionarán la construcción de vivienda, la infraestructura de movilidad y el manejo del agua en los próximos años. Por eso, los expertos coinciden en que la discusión sobre las directrices ambientales debe mantenerse en el radar ciudadano como un tema clave de la agenda local y regional.
