Gobierno elimina licencias de construcción para vivienda
El Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio expidió el Decreto 1166 el 4 de noviembre de 2025, eliminando la exigencia de licencia de construcción para programas de mejoramiento de vivienda, construcción en sitio propio y autoconstrucción. La medida busca agilizar los trámites bajo un modelo de autogestión que entró en vigencia de manera inmediata.
La nueva normativa permite que los proyectos se aprueben únicamente con una carta de responsabilidad firmada por un arquitecto o ingeniero, acompañada del registro ante los entes territoriales. Esta decisión afecta una inversión proyectada de 12,5 billones de pesos destinados a 400.000 mejoramientos de vivienda contemplados en el Plan Nacional de Desarrollo.
Expertos del sector han expresado posiciones encontradas sobre la medida. Mientras el Gobierno argumenta que simplificará el acceso a subsidios especialmente en zonas rurales, voces críticas advierten sobre posibles riesgos en seguridad estructural y control institucional.
El decreto establece condiciones especiales para autorizar la ejecución de intervenciones sin necesidad de expedición de licencia de construcción o acto de reconocimiento. Según el documento oficial, no se requerirá licencia siempre que la entidad operadora del subsidio o la entidad territorial garanticen que el diseño de las soluciones de vivienda cumple con la norma colombiana de sismo-resistencia vigente y los planes de ordenamiento territorial.
La medida introduce la Carta de Responsabilidad como nuevo instrumento de verificación. Este documento será expedido por profesionales autorizados y certificará el cumplimiento de las normas técnicas y urbanísticas aplicables. El Ministerio de Vivienda deberá diseñar e implementar en un plazo de seis meses una estrategia de capacitación y certificación para arquitectos e ingenieros responsables de estos proyectos.
Cada subsidio de mejoramiento puede alcanzar hasta 31,3 millones de pesos, equivalentes a 22 salarios mínimos mensuales. Hasta la fecha se han entregado menos de 50.000 subsidios de los 400.000 proyectados, lo que representa un avance del 12,5% en el cumplimiento de la meta establecida en el Plan Nacional de Desarrollo.
El decreto limita su aplicación exclusivamente a obras financiadas con subsidios del Gobierno en las modalidades mencionadas. Las construcciones privadas en viviendas, como ampliaciones o remodelaciones sin subsidio estatal, continúan obligadas a tramitar la licencia de construcción ante la autoridad competente correspondiente.
La norma establece que las entidades operadoras del subsidio deberán garantizar que los diseños cumplan con los estándares técnicos requeridos. Sin embargo, la verificación técnica que anteriormente realizaban las curadurías o las oficinas de planeación municipal ahora quedará respaldada únicamente por la carta de responsabilidad profesional.
El Gobierno justifica la medida señalando que muchos municipios tienen baja capacidad institucional para tramitar licencias de construcción, lo que ha retrasado la ejecución de proyectos de vivienda social. La simplificación de trámites buscaría acelerar el acceso de familias vulnerables a programas de mejoramiento habitacional.
La implementación inmediata del decreto ha generado interrogantes sobre el periodo de transición. Aunque se establece un plazo de seis meses para la capacitación de profesionales, las obras pueden comenzar de inmediato sin que estos hayan recibido la formación ni acreditación mencionadas en la normativa.
La aplicación del Decreto 1166 marcará un cambio significativo en la forma como se ejecutan los programas de mejoramiento de vivienda en Colombia. Los próximos meses serán determinantes para evaluar si la simplificación de trámites efectivamente acelera la ejecución de proyectos o si genera problemas en materia de seguridad y control institucional.
El Ministerio de Vivienda tendrá el desafío de implementar la estrategia de capacitación profesional mientras supervisa que las obras en ejecución cumplan con los estándares técnicos requeridos. El seguimiento a esta normativa será clave para determinar su impacto en el déficit habitacional que afecta a cerca de cinco millones de hogares colombianos.
