Estado podría enfrentar demandas masivas de funcionarios
La Contraloría General de la República emitió una alerta sobre los riesgos fiscales y jurídicos que enfrenta el Estado colombiano por la falta de expedición del decreto que autoriza el reajuste anual de la bonificación judicial. Esta situación afecta directamente a 59.000 servidores del sistema de justicia en todo el país.
El organismo de control fiscal señaló que, a seis semanas de concluir 2025, el Gobierno nacional aún no ha oficializado el documento que permitiría actualizar los pagos conforme al incremento del Índice de Precios al Consumidor. Esta bonificación, establecida por el Decreto 383 de 2013, debe ajustarse cada año para compensar el aumento del costo de vida.
La Delegada para el Sector Justicia advirtió que esta omisión vulnera el derecho de los funcionarios judiciales a recibir su salario completo y prestaciones sociales en las condiciones previstas por la ley colombiana. La demora acumulada durante once meses genera incertidumbre entre miles de trabajadores del sistema judicial.
El decreto pendiente debería actualizar los valores de la bonificación judicial mensual que reciben funcionarios de distintas categorías dentro de la rama judicial. Entre los cargos afectados se encuentran directores, subdirectores, asesores, técnicos y auxiliares de servicios generales, cada uno con montos diferenciados según su nivel jerárquico.
La Contraloría explicó que la ausencia de este reajuste expone al servicio judicial colombiano a múltiples riesgos. Entre ellos destacan las posibles reclamaciones administrativas y acciones de tutela que podrían interponer los trabajadores para exigir el pago inmediato del reajuste, más la indexación correspondiente por la pérdida de poder adquisitivo.
El organismo de control advirtió que la falta de expedición oportuna del decreto puede generar pasivos contingentes y ciertos para el Estado. La acumulación de esta obligación económica no reconocida durante varias vigencias fiscales podría materializarse en pagos retroactivos elevados, afectando gravemente el equilibrio presupuestal de años futuros.
Desde la perspectiva del control fiscal, esta situación representa un riesgo significativo de gestión del pasivo no revelado oportunamente en los estados financieros públicos. La falta de transparencia en el reporte contable del sector público compromete la precisión de las cifras oficiales y dificulta la planeación presupuestal adecuada.
El eventual pago retroactivo ejercería una presión considerable sobre las apropiaciones del gasto de personal. Una vez expedido el decreto, las entidades judiciales deberán reconocer y cancelar la bonificación acumulada durante todo el año, lo que requeriría recursos adicionales no contemplados en el presupuesto inicial de 2025.
La Contraloría señaló que las entidades afectadas ya han solicitado en múltiples ocasiones al Ministerio de Hacienda y al Gobierno Nacional que se realicen las apropiaciones presupuestales necesarias. Estos recursos son indispensables para iniciar los trámites administrativos y financieros que permitan el pago del monto acumulado antes de finalizar el año.
El incumplimiento de esta obligación podría significar una violación a los principios de planeación y anualidad presupuestal establecidos en el Estatuto Orgánico del Presupuesto, regulado por las Leyes 38 de 1989 y 179 de 1994. Estas normas fundamentales rigen la administración de los recursos públicos en Colombia.
La Contraloría instó al Gobierno Nacional a cumplir con el principio de eficiencia del gasto público para evitar duplicidad de cargas administrativas, reprocesos contables y costos adicionales por intereses o sanciones. Este manejo ineficiente de los recursos estatales podría tener consecuencias de largo plazo para las finanzas públicas.
Según información reciente, el Decreto 1195 de 2025 habría sido finalmente expedido el 13 de noviembre, aunque los pagos aún no se han efectuado porque primero deben realizarse las apropiaciones presupuestales desde el Ministerio de Hacienda hacia las pagadurías de la Rama Judicial, la Fiscalía y Medicina Legal. Los 59.000 trabajadores judiciales continúan esperando que el proceso administrativo se complete y el retroactivo llegue finalmente a sus cuentas.
