El ministro denunció un “abuso de poder” y cuestionó la competencia de la Corte; la Corte y otros actores respondieron
El ministro del Interior, Armando Benedetti, denunció este 11 de noviembre un allanamiento en una de sus viviendas, ordenado por la magistrada de la Corte Suprema Cristina Lombana, y lo calificó como irregular. En entrevista con La W, el funcionario lanzó duros señalamientos: “tengo una magistrada […] que está loca, demente y es una delincuente”, al tiempo que cuestionó la competencia del alto tribunal para investigarlo por hechos posteriores a su paso por el Congreso.
Benedetti afirmó que Lombana no tendría facultades para indagarlo y que habría extendido pesquisas a decenas de familiares, lo que, según él, configura una persecución. También aseguró que el operativo no arrojó incautaciones y sugirió que pudieron implantar micrófonos en su vivienda, acusación que elevó el tono de la controversia y alimentó el debate sobre garantías procesales.
La Corte Suprema de Justicia, por su parte, rechazó “descalificaciones personales” contra la magistrada y defendió la legalidad del procedimiento, contexto en el que recordaron procesos en curso. El pronunciamiento buscó bajar la temperatura de un episodio que salta de lo jurídico a lo político por el cargo que hoy ocupa Benedetti.
El impacto político fue inmediato. Desde sectores de opinión y de control disciplinario surgieron solicitudes para que la Procuraduría adoptara medidas frente a las expresiones del ministro, mientras otros actores defendieron la necesidad de transparencia y respeto institucional durante las diligencias judiciales.
En paralelo, el presidente Gustavo Petro cuestionó públicamente el allanamiento —sin mencionar a la magistrada— y habló de un procedimiento “ilegal” que “se transforma en secuestro”, lo que tensó aún más la relación entre el Ejecutivo y la Rama Judicial en torno a este caso.
El trasfondo del expediente incluye antecedentes judiciales y disciplinarios que rodean la trayectoria de Benedetti y que han sido objeto de cobertura previa, lo que añade capas de interpretación sobre la oportunidad y el alcance del operativo y sus efectos inmediatos en el clima político. A corto plazo, se esperan definiciones institucionales: eventuales decisiones de la Procuraduría, aclaraciones adicionales de la Corte sobre competencias y una posible ruta jurídica del propio ministro ante instancias nacionales o internacionales, a las que dijo acudir.
