Procuraduría investiga a Huertas y Mejía por supuesta alianza con grupo disidente
El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, ha ordenado una investigación interna tras revelaciones periodísticas sobre presuntos nexos entre altos funcionarios del gobierno de Gustavo Petro y la disidencia de las FARC liderada por alias “Calarcá. La decisión surge después de que Noticias Caracol publicara un informe con correos, chats, fotografías y cartas incautadas en teléfonos, computadores y memorias USB durante un operativo militar
Según los documentos, el general Juan Miguel Huertas, jefe del Comando de Personal del Ejército, y Wilmar Mejía, alto funcionario de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), habrían ofrecido a la disidencia establecer una empresa de seguridad “mitad y mitad”: los disidentes aportarían personal, armas y los funcionarios del Estado gestionarían permisos, movilidad blindada y hasta protección. Además, se mencionan pactos para evitar retenes militares, posibles salvoconductos para miembros de la estructura ilegal y un vínculo entre el Estado y grupos criminales que desean formalizar su operación bajo apariencia legal. La Procuraduría General de la Nación ya abrió una indagación preliminar contra Huertas y Mejía para determinar si incurrieron en irregularidades disciplinarias. Por su parte, el procurador Gregorio Eljach calificó los señalamientos como “de suma gravedad”, dado el nivel institucional de quienes están implicados. En su defensa, el general Huertas negó categóricamente las acusaciones. Afirmó que los archivos presentados “carecen de soporte verificable” y que se trata de una fabricación malintencionada para dañar su honra. Por su parte, la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) confirmó que abrió una investigación interna para esclarecer los hechos señalados en los documentos.
El ministro Sánchez enfatizó que “ningún acto de ilegalidad será tolerado en la Fuerza Pública” y que se actuará con “máxima celeridad y rigor” frente a quienes puedan haber vulnerado normas legales o éticas . Este escándalo plantea un nuevo debate sobre la seguridad institucional y la relación del Estado con actores armados ilegales, en un contexto donde la paz total y los diálogos con grupos disidentes siguen siendo temas clave en la agenda del gobierno.
