La decisión incluye investigación penal a Ricardo Roa
La sala plena del CNE se reunió con el propósito de definir la suerte de la campaña Petro Presidente 2022-2026, investigada por presunta violación de topes electorales. En menos de una hora, y con la intervención de dos conjueces, el alto tribunal electoral votó la ponencia que concluye que sí hubo irregularidades en los gastos reportados tanto en la primera como en la segunda vuelta presidencial. La decisión supone uno de los pronunciamientos más relevantes del organismo frente a una campaña presidencial en ejercicio de gobierno.
La ponencia que hoy se adoptó ya contaba con un camino adelantado. El jueves 13 de noviembre, cinco magistrados habían apoyado el trabajo de los investigadores Benjamín Ortiz y Álvaro Hernán Prada, quienes documentaron la presunta superación de los límites legales de financiación. Sin embargo, la ausencia de dos magistrados —por recusación e impedimento— había dejado la votación sin la mayoría absoluta requerida, lo que obligó a vincular conjueces para destrabar el caso.
En particular, la magistrada Alba Lucía Velásquez, del Pacto Histórico, se apartó del proceso al estar recusada por haber actuado como testigo electoral de esa colectividad. A su vez, el magistrado Álvaro Echeverry, de Colombia Justa Libres, se declaró impedido alegando que trabajó como abogado de la campaña del Pacto. Estas circunstancias redujeron el número de votos posibles y abrieron la puerta a la intervención de conjueces, figuras previstas para garantizar que las decisiones del CNE no queden bloqueadas.
Una vez conformada la sala con conjueces, la votación se inclinó a favor de la sanción. Respaldaron la ponencia, además de los magistrados Ortiz y Prada, Maritza Martínez (partido de la U), Altus Baquero (Partido Liberal) y Alfonso Campos (Partido Conservador). A ellos se sumó el conjuez Majer Abushihab, cuyo voto fue determinante para consolidar la mayoría. En contraste, el conjuez Iván Acuña se pronunció en contra de la decisión, dejando constancia de su desacuerdo en la sala.
La sanción económica fijada asciende a 5.922 millones de pesos, cifra que refleja la magnitud de las irregularidades que, según la resolución, se habrían presentado en la campaña presidencial. El CNE concluyó que la campaña superó los límites de gasto permitidos por la ley, afectando el principio de equidad en la contienda electoral y desconociendo las reglas de financiación establecidas para todas las campañas.
Además de la multa, la resolución ordena compulsar copias a la Fiscalía General de la Nación para que investigue a Ricardo Roa, quien se desempeñó como gerente de la campaña Petro Presidente y actualmente es el presidente de Ecopetrol. El CNE pide que se analicen posibles conductas relacionadas con financiación de campañas con fuentes prohibidas, violación de topes de gastos y eventual fraude procesal, entre otros delitos que puedan desprenderse del expediente.
El CNE también dispuso remitir en medio magnético una copia completa del expediente a la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes, órgano competente para investigar al presidente de la República. La documentación llegará al proceso con radicado 5914, en el cual la Comisión evaluará si los hechos descritos en la resolución ameritan algún tipo de actuación adicional frente al jefe de Estado, a partir de las competencias que le otorga la Constitución.
Con esta decisión, el Consejo Nacional Electoral envía un mensaje sobre el alcance de los controles a la financiación política, incluso cuando se trata de campañas presidenciales ganadoras. Ahora, la atención se trasladará a la Fiscalía y a la Comisión de Acusación, que deberán definir si las presuntas irregularidades en los gastos de la campaña Petro Presidente dan lugar a procesos penales o disciplinarios.
Mientras tanto, el caso se convierte en referente para futuras contiendas, al recordar que el incumplimiento de los topes electorales puede acarrear sanciones millonarias y la revisión del rol de los gerentes de campaña. Lo que se resuelva en estas instancias marcará un precedente clave en materia de transparencia y control de la financiación electoral en Colombia.
