Ejército destruye maquinaria minera ilegal por $3.000 millones
El Ejército Nacional ejecutó una operación contundente en el municipio de Cáceres, Antioquia, donde se desmantelaron ocho unidades productoras mineras ilegales que funcionaban en la vereda Puerto Santo. La maquinaria incautada y destruida, valorada en más de 3.000 millones de pesos, presuntamente servía al Grupo Armado Organizado Clan del Golfo.
Entre los elementos intervenidos se encontraron cinco excavadoras, tres motores industriales, tres motobombas, cinco clasificadoras, 1.600 metros de manguera negra y 1.360 galones de ACPM. La operación fue realizada por tropas del Batallón de Infantería Liviana N.° 31 Rifles de la Décima Primera Brigada y la Brigada contra la Minería Ilegal.
Esta acción se enmarca en la estrategia del Ejército Nacional para combatir delitos ambientales y debilitar las estructuras de financiamiento de grupos armados que operan en la subregión del Bajo Cauca antioqueño.
Las unidades militares se desplegaron en zona rural del municipio de Cáceres con el objetivo específico de detectar y neutralizar operaciones de explotación ilícita de yacimientos mineros. La información de inteligencia permitió ubicar con precisión las ocho unidades productoras que funcionaban sin permisos ambientales ni autorización legal en la vereda Puerto Santo.
Durante la operación, los soldados encontraron maquinaria pesada en plena operación extractiva. Las cinco excavadoras incautadas representan equipos de alto valor comercial que permiten la remoción de grandes volúmenes de tierra para acceder a los yacimientos auríferos de la zona. Estas máquinas, junto con los motores industriales y sistemas de bombeo, conformaban una estructura productiva considerable.
La destrucción del material se realizó siguiendo protocolos establecidos para evitar que estos equipos puedan ser reutilizados por organizaciones criminales. Los tres motores industriales y las tres motobombas eran utilizados para procesar el material extraído y separar el oro de otros minerales mediante sistemas de lavado y clasificación.
Las cinco clasificadoras encontradas en el sitio permitían procesar grandes cantidades de material mineralizado diariamente. Estos equipos, combinados con los 1.600 metros de manguera negra hallados, configuraban un sistema completo de extracción y procesamiento que operaba las veinticuatro horas del día en la zona selvática del Bajo Cauca.
El hallazgo de 1.360 galones de ACPM confirma la magnitud de las operaciones mineras ilegales. Este combustible es indispensable para mantener funcionando la maquinaria pesada y los motores que impulsan todo el proceso extractivo. Según las autoridades, la cantidad incautada garantizaba varios días de operación continua de todos los equipos.
Las investigaciones preliminares señalan que estos activos mineros pertenecerían al Clan del Golfo, estructura criminal que controla buena parte del territorio del Bajo Cauca antioqueño. Los recursos generados por esta actividad ilegal financian las operaciones del grupo armado en la región, incluyendo compra de armamento, pago de integrantes y control territorial.
La operación contó con el apoyo técnico del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía General de la Nación. La coordinación interinstitucional permitió documentar adecuadamente los hallazgos y establecer las líneas de investigación para identificar a los responsables directos de las operaciones mineras ilegales y su conexión con estructuras criminales.
Esta intervención se suma a otra operación similar realizada hace menos de un mes en la vereda San Lorenzo, también en jurisdicción de Cáceres, donde se intervinieron cuatro unidades productoras mineras con equipos valorados en más de mil millones de pesos. Esa maquinaria permitía extraer aproximadamente 12.000 gramos de oro mensualmente, generando ganancias ilegales superiores a cinco mil millones de pesos.
El Ejército Nacional ratificó su compromiso de continuar desarrollando operaciones militares en la región del Bajo Cauca antioqueño para preservar los recursos naturales y combatir el financiamiento ilícito de grupos armados organizados que delinquen en esta estratégica subregión del departamento de Antioquia.
