Polémica nacional por operación militar en Guaviare
El presidente Gustavo Petro enfrenta una ola de críticas por parte del sector político tras justificar el bombardeo militar realizado en Guaviare contra disidencias de las Farc comandadas por alias Iván Mordisco. La operación dejó como resultado la muerte de siete menores de edad, según Medicina Legal, cifra que la Defensoría del Pueblo reduce a seis víctimas infantiles.
La congresista Catherine Juvinao fue una de las primeras en rechazar las declaraciones presidenciales con un contundente “no sea descarado”, mientras que otros líderes políticos recordaron los cuestionamientos que el propio Petro hizo en el pasado a operaciones similares durante el gobierno de Iván Duque.
La controversia se centra en la aparente contradicción entre las críticas históricas del mandatario a los bombardeos que afectan menores y su actual defensa de la operación, argumentando que buscaba evitar una emboscada contra soldados colombianos.
La Defensora del Pueblo, Iris Marín, expresó que el hecho refleja el carácter inhumano de la guerra que afecta principalmente a los más vulnerables. En un comunicado oficial señaló que los menores de edad son reclutados por falta de protección y luego convertidos en objetivos militares, situación que calificó como profundamente lamentable y que exige respeto estricto al Derecho Internacional Humanitario.
El precandidato presidencial Sergio Fajardo se sumó a las voces críticas, afirmando que el ataque demuestra la existencia de una contradicción por parte del primer mandatario. Fajardo recordó que Petro justificó un hecho que años atrás condenó e incluso catalogó como crimen de guerra, añadiendo que estas contradicciones le hacen daño al país y que Colombia merece coherencia, rigor y responsabilidad cuando se habla del uso legítimo de la fuerza del Estado.
El concejal de Bogotá Julián Espinal recordó que en el año 2021 el ahora presidente pedía renuncias cuando ocurrieron hechos similares durante el gobierno Duque. A través de su cuenta en redes sociales, Espinal le pidió al mandatario hablarle claro al país, ser coherente y no lavarse las manos ante la muerte de los siete menores en el bombardeo.
La representante a la Cámara Katherine Miranda invitó públicamente al senador Iván Cepeda a sumarse a una denuncia contra el presidente Petro y el ministro de Defensa Pedro Sánchez por presuntas graves violaciones al Derecho Internacional Humanitario. Miranda enfatizó que la coherencia y los principios no deben depender del gobierno de turno.
El exviceministro de las Juventudes Gareth Sella, quien fue afín al gobierno de Petro, expresó su molestia e indignación por lo ocurrido y por las explicaciones del jefe de Estado. Con un mensaje contundente afirmó que nada justifica bombardear niñas, niños y adolescentes.
Por su parte, el presidente Petro defendió su decisión argumentando que tomó personalmente la determinación de autorizar el bombardeo porque la inteligencia militar advertía sobre la posibilidad de una emboscada contra un grupo reducido de soldados. El mandatario explicó que si hubiera dejado avanzar a los 150 hombres de Iván Mordisco por la selva, habrían emboscado a 20 soldados jóvenes que estaban al frente a pocos kilómetros.
La directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Astrid Cáceres, señaló que el Estado le falló a los menores que fallecieron en el bombardeo. Cáceres también denunció que las comunidades indígenas y los funcionarios del ICBF han sido amenazados y algunos han muerto rescatando niños, enfatizando que todos se movilizan diariamente para proteger a los menores pero no son suficientes frente a los grupos armados.
El debate generado por este bombardeo reactivó la discusión nacional sobre el uso de la fuerza militar en contextos donde hay menores reclutados por grupos armados ilegales. Las preguntas sobre cómo proteger a estos niños sin limitar las capacidades operacionales de la fuerza pública permanecen sin respuesta clara, mientras el país político exige coherencia entre el discurso histórico y las acciones actuales del gobierno.
Esta operación marca el bombardeo número doce autorizado por la administración Petro, según registros oficiales, lo que mantiene abierto el debate sobre los estándares que deben prevalecer cuando la frontera entre combatiente y víctima es impuesta por los mismos grupos armados que reclutan menores de edad.
