La Presidencia elevará la Unidad a Consejería para superar el “bloqueo institucional” y ejecutar el Acuerdo
La Casa de Nariño informó a la Corte Constitucional que la actual Unidad de Implementación del Acuerdo de Paz será elevada nuevamente a Consejería Presidencial, con el propósito de destrabar decisiones y asegurar un nivel jerárquico que permita coordinar a todo el Estado alrededor de los compromisos del Acuerdo Final. En el documento remitido al alto tribunal, la Presidencia admite que el diseño vigente “no funcionó” y que la salida consiste en recuperar un órgano con capacidad política y administrativa para dirigir la agenda de paz. La medida busca responder al llamado judicial sobre “bloqueo institucional” y acelerar la ejecución en los territorios priorizados.
El ajuste llega tras los requerimientos de la Corte, que exigió reestructurar la entidad encargada de la implementación y dio plazos concretos para subsanar deficiencias. En 2022, la administración actual transformó la antigua Alta Consejería para la Estabilización en una Unidad con menor rango, lo que redujo la autonomía para articular ministerios y agencias. La reactivación de la Consejería pretende recomponer ese nivel y devolver capacidad de decisión en la coordinación interinstitucional.
El viraje implica revisar funciones, planta y presupuestos, además de conectar el nivel central con gobernaciones y alcaldías donde se ejecutan Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), sustitución de economías ilícitas, reincorporación y garantías de seguridad para firmantes. La Presidencia plantea que el nuevo esquema contará con liderazgo político, lineamientos técnicos y seguimiento de metas para evitar duplicidades y vacíos. La Corte había advertido riesgos de dispersión y falta de autoridad coordinadora.
El Gobierno sostiene que la nueva Consejería no es un cambio de nombre, sino una reforma funcional para responder a los hallazgos judiciales y acelerar metas críticas: tierras, jurisdicción agraria, participación, desarrollo rural, seguridad y reincorporación. La decisión coincide con llamados de organismos nacionales e internacionales que han insistido en dotar de mayor rango la instancia líder de implementación.
Fuentes del Ejecutivo plantean que la Consejería actuará como bisagra entre ministerios, agencias (ART, ARN, ANT, DNP), autoridades locales y veedurías ciudadanas, con tableros de control públicos y reportes periódicos. El rediseño incluiría mecanismos de evaluación trimestral, alertas tempranas frente a riesgos y ajustes presupuestales orientados a resultados medibles en regiones como Catatumbo, Cauca, Sur de Córdoba, Chocó, Meta y Antioquia.
La admisión de que el modelo anterior “no funcionó” abre espacio para corregir y priorizar. Expertos consultados señalan que el rango de Consejería permite alinear la política de Estado y destrabar conflictos de competencias. El reto, dicen, será evitar rotación de equipos, blindar la planeación multianual y garantizar seguridad para líderes sociales y firmantes, asuntos que la Corte vinculó a la eficacia de la implementación.
En el corto plazo, se esperan actos administrativos que formalicen la estructura, definan responsabilidades y establezcan metas públicas por hito: tierras formalizadas, proyectos productivos, vías terciarias y esquemas de protección. Con ello, el Gobierno busca cumplir el fallo y mostrar resultados verificables.
