Trabajadores cuestionan recortes y recarga de procesos
El plantón frente al búnker de la Fiscalía, en Bogotá, reunió a funcionarios de distintas dependencias que decidieron salir de sus oficinas para visibilizar lo que describen como un deterioro de sus condiciones de trabajo y de la capacidad de respuesta de la entidad. De acuerdo con el reporte, la inconformidad se disparó tras la firma de una resolución de la fiscal Luz Adriana Camargo que reestructuró las históricas unidades Gaula, consideradas por muchos empleados como un emblema de la lucha contra el secuestro y la extorsión en Colombia.
La medida implicó que fiscales especializados que antes se dedicaban a perseguir estos delitos fueran trasladados a la Dirección contra el Crimen Organizado, concentrando allí buena parte de la carga investigativa. Según los funcionarios, el cambio no solo rompió equipos que llevaban años trabajando de manera coordinada, sino que también generó un desequilibrio en la distribución de procesos: mientras algunos despachos acumulan hasta 1.700 expedientes, otros manejan apenas unas decenas.
A través de Asonal, el sindicato que agrupa a parte de los trabajadores de la Fiscalía, los funcionarios hicieron llegar a la fiscal una carta en la que ponen por escrito sus preocupaciones. En el documento señalan que las decisiones de reestructuración no garantizan una adecuada prestación del servicio de justicia y que, en su criterio, la ciudadanía se encuentra desamparada frente a delitos de alto impacto, especialmente en regiones donde el Gaula cumplía un rol clave en la articulación con Fuerzas Militares y Policía.
Los empleados advierten que, con la eliminación de las unidades Gaula en las seccionales, se corre el riesgo de que las investigaciones por secuestro y extorsión pierdan ritmo o se queden sin responsables claros que impulsen las indagaciones. En su carta preguntan quién asumirá ahora el trabajo conjunto con la Armada, el Ejército, el CTI y la Policía, insistiendo en que el delito de extorsión es uno de los que más crece en el país y que el secuestro ha presentado un preocupante repunte en los últimos meses.
Un punto central del reclamo tiene que ver con las víctimas. Los funcionarios recuerdan en su comunicación que los usuarios del sistema de justicia son, en este caso, personas que han sufrido secuestro o extorsión, entre ellas los mismos servidores de la Fiscalía que permanecen privados de la libertad por parte del ELN desde hace más de cuatro meses. Para los manifestantes, la reestructuración deja a estas víctimas “sin doliente” y envía un mensaje equivocado sobre las prioridades institucionales en materia de seguridad y justicia.
Además de la eliminación de las unidades Gaula, los trabajadores mencionan otras resoluciones recientes que hacen parte del proceso de reestructuración adelantado en la entidad. Señalan que, en la práctica, estas decisiones han significado una recarga desproporcionada de expedientes sobre algunos despachos, mientras que otros mantienen cargas mucho menores. Por eso, le piden a la administración revisar de manera urgente la asignación de casos y garantizar que el nuevo modelo no termine favoreciendo la impunidad.
El plantón frente al búnker tuvo también un componente simbólico: buscó enviar un mensaje directo a la cúpula de la Fiscalía, incluida la fiscal general y el vicefiscal, a quienes los funcionarios invitaron a escuchar sus reclamos y a abrir espacios de diálogo. En sus intervenciones, insistieron en que no se trata de una confrontación política, sino de una defensa de la función misional de la entidad y de las condiciones de trabajo de quienes, desde las seccionales, enfrentan diariamente organizaciones criminales que afectan a ciudadanos en Bogotá y en todo el país.
Para los trabajadores que protestaron en el búnker de la Fiscalía, el futuro de las investigaciones por extorsión y secuestro dependerá de que la administración de Luz Adriana Camargo corrija el rumbo de la reestructuración y escuche las alertas que hoy se levantan desde los despachos regionales. En su mensaje, reiteran que “la estamos pasando mal” y que la principal preocupación no son sus cargos, sino la protección efectiva de las víctimas.
En medio del debate por el papel de la Fiscalía en la lucha contra el crimen organizado, este plantón en Bogotá se convierte en una señal de la tensión interna que vive el ente acusador y abre un nuevo capítulo en la discusión sobre cómo se debe reorganizar la justicia en Colombia sin sacrificar resultados ni poner en riesgo a quienes ya sufren la violencia.
