Documento busca recaudar cerca de 10–12 billones de pesos
La reciente ponencia favorable para tramitar la reforma tributaria del Gobierno abrió paso a una nueva ronda de debate legislativo en el Congreso de la República.
La iniciativa, revisada por representantes de las comisiones económicas, plantea modificaciones al sistema tributario con un recaudo estimado cercano a los 10–12 billones de pesos, buscando cerrar vacíos fiscales y contribuir al presupuesto nacional.
Entre los cambios que sobreviven a la ponencia destacan ajustes estructurales al impuesto de renta para personas naturales y jurídicas, modificaciones en el tratamiento de dividendos y participación en utilidades, ajustes al impuesto al patrimonio, así como cambios en impuestos de consumo y régimen de normalización para activos omitidos.
Asimismo, la ponencia elimina algunos de los impuestos más “ambiciosos” propuestos originalmente, lo que habría sido clave para asegurar viabilidad política y reducir el rechazo público.
La presión fiscal prevista se concentra en sectores de altos ingresos, grandes empresas, entidades financieras y quienes reciben dividendos, lo que, según los promotores de la reforma, busca una tributación más progresiva.
Por otro lado, el proyecto prevé gravar ciertos servicios hasta ahora excluidos, e incluye normativas para modernizar la tributación en economía digital.
El Gobierno argumenta que estos cambios son necesarios para asegurar el equilibrio fiscal del país y garantizar la financiación del presupuesto 2025–2026, ante un déficit presupuestal que obliga a revisar ingresos tributarios.
Sin embargo —y como suele ocurrir en estas reformas— hay preocupación entre economistas, empresarios y ciudadanos sobre el impacto que esto tendrá en la inversión, la competitividad y el consumo. Sectores como el financiero, minero, tecnológico y quienes reciben ingresos altos podrían verse más afectados.
Desde lo social, la reforma podría afectar indirectamente a clases medias y trabajadoras si los costos se trasladan a bienes de consumo, servicios o precios, lo que genera inquietudes sobre su efecto en inflación y poder adquisitivo.
En cuanto al proceso legislativo, la ponencia favorable ya fue radicada oficialmente, lo que implica que el proyecto entra en la fase de debate en comisiones económicas y luego a plenarias para su discusión final.
La aprobación de la ponencia positiva marca un paso decisivo para la reforma tributaria 2025. Con un recaudo estimado entre 10 y 12 billones de pesos, el proyecto reconfigura la estructura impositiva del país, amplía la base tributaria y busca mayor progresividad. Pero su avance también despierta controversias: el debate ahora gira en torno a su impacto en inversión, consumo y equidad social. Para Colombia, la ruta hacia un sistema fiscal más justo pasa por este esfuerzo legislativo, cuyo resultado definirá en buena medida el rumbo fiscal y económico del próximo período.
