Negociación arranca el 1 de diciembre próximo
El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) reveló que la inflación de octubre se ubicó en 5,41%, cifra que marca el punto de partida para las negociaciones del salario mínimo de 2026. Este indicador representa el piso técnico sobre el cual se construirá el aumento que beneficiará a millones de trabajadores colombianos.
La mesa de negociación tripartita, conformada por gobierno, empleadores y trabajadores, se instalará oficialmente el próximo 1 de diciembre. A partir de ese momento, las tres partes tendrán hasta el 30 de diciembre para llegar a un acuerdo sobre el incremento del salario mínimo legal vigente.
Con el dato del IPC acumulado hasta octubre, los expertos proyectan que el salario mínimo para 2026 podría ubicarse alrededor de $1.423.500, considerando únicamente el ajuste por inflación, aunque el valor final dependerá de las negociaciones entre las partes involucradas.
El incremento del Índice de Precios al Consumidor (IPC) durante octubre de 2024 fue del 0,54%, según informó el Dane. Este dato mensual contribuye a conformar la variación acumulada anual que sirve como referente técnico para establecer el aumento del salario mínimo. La inflación anual de 5,41% representa una disminución frente a los niveles registrados en años anteriores, cuando Colombia enfrentó presiones inflacionarias significativas que superaron el 13%.
El proceso de negociación del salario mínimo en Colombia involucra tres actores fundamentales: el gobierno nacional, representado por el Ministerio del Trabajo; los empleadores, agrupados en gremios como la Andi y Fenalco; y los trabajadores, representados por las centrales obreras. Cada uno de estos sectores llega a la mesa con propuestas y argumentos que reflejan sus intereses y perspectivas sobre la economía nacional.
Históricamente, los trabajadores solicitan incrementos superiores a la inflación, argumentando la necesidad de recuperar el poder adquisitivo perdido en años anteriores y mejorar las condiciones de vida de las familias colombianas. Por su parte, los empresarios suelen abogar por aumentos moderados que no afecten la competitividad de las empresas ni generen presiones adicionales sobre el empleo formal.
El gobierno, como mediador, busca equilibrar estas posiciones encontradas, considerando no solo los indicadores económicos sino también las metas de política social y laboral del país. La administración actual ha manifestado su compromiso con la mejora de las condiciones laborales, aunque debe balancear este objetivo con la estabilidad económica y la sostenibilidad fiscal.
Si el aumento se limitara únicamente al 5,41% correspondiente al IPC acumulado, el salario mínimo pasaría de los actuales $1.300.000 a aproximadamente $1.370.330. Sin embargo, tradicionalmente las negociaciones incorporan puntos porcentuales adicionales como crecimiento económico o productividad, lo que podría elevar el incremento final por encima del 9%.
El salario mínimo impacta directamente a más de 2,8 millones de trabajadores formales en Colombia que devengan exactamente este monto. Indirectamente, afecta a millones más, ya que sirve como referencia para establecer subsidios, pensiones, prestaciones sociales y diversos trámites administrativos en el país.
Las proyecciones económicas para 2025 y 2026 muestran un panorama de estabilización inflacionaria, con expectativas de que el IPC continúe descendiendo hacia la meta del Banco de la República del 3%. Este contexto macroeconómico favorable podría facilitar las negociaciones, aunque persisten preocupaciones sobre el costo de vida, especialmente en rubros como alimentación y vivienda.
El anuncio oficial del salario mínimo para 2026 deberá realizarse antes del 31 de diciembre de 2024. En caso de que las partes no logren un acuerdo consensuado, el gobierno nacional tiene la facultad constitucional de decretar el aumento de manera unilateral, situación que ha ocurrido en algunas ocasiones en el pasado.
La cifra definitiva que se establezca marcará el rumbo económico para millones de familias colombianas durante el próximo año, determinando su capacidad de consumo y acceso a bienes y servicios básicos. Los analistas económicos seguirán de cerca el desarrollo de las negociaciones, que prometen ser un termómetro del diálogo social en el país.
