La alta corte anuló la resolución que lo designó rector para el periodo 2024-2027 y devolvió la discusión al Consejo Superior Universitario
El pulso por la Rectoría de la Universidad Nacional de Colombia tuvo un nuevo giro este 20 de noviembre, cuando la Sección Quinta del Consejo de Estado anuló la resolución con la que el Consejo Superior Universitario (CSU) designó a Leopoldo Múnera como rector para el periodo institucional 2024-2027. De acuerdo con el fallo, el CSU excedió sus competencias al modificar, meses después, la decisión mediante la cual había elegido inicialmente a José Ismael Peña en marzo de 2024, acto que para la alta corte conservaba presunción de legalidad mientras no hubiera sido anulado por la justicia. Con esta sentencia, adoptada en única instancia, el máximo tribunal de lo contencioso administrativo le da la razón a los demandantes que alegaban un vicio en la actuación del CSU y deja sin efecto el nombramiento de Múnera.
El origen del conflicto se remonta a la sesión del 21 de marzo de 2024, cuando el CSU eligió como rector a Peña pese a que en la consulta interna con la comunidad universitaria el mayor respaldo lo había obtenido Múnera. La decisión desató fuertes protestas estudiantiles, paros y bloqueos en la sede Bogotá y en otras sedes, con la consigna de defender la autonomía universitaria y la democracia interna. En medio de esa presión social y de múltiples cuestionamientos al procedimiento, el CSU revisó el proceso y, en junio del mismo año, dejó sin efecto la elección de Peña y nombró a Múnera, académico con más de cuatro décadas de trayectoria en la Nacional.
La nueva designación no cerró la crisis. Por un lado, sectores que respaldaban a Peña acudieron a la justicia alegando que el CSU no podía “deshacer” una elección que seguía vigente mientras no fuera anulada judicialmente. Por otro lado, la Procuraduría ya había advertido sobre la necesidad de salvaguardar el principio de seguridad jurídica y el derecho a elegir y ser elegido que amparaban al primer rector designado. En paralelo, la universidad seguía funcionando bajo tensión: parte de la comunidad respaldaba al nuevo rector y otra insistía en que el proceso completo había quedado contaminado por decisiones políticas y presiones externas.
El Consejo de Estado, tras estudiar las demandas y la actuación del CSU, concluyó ahora que la resolución que nombró a Múnera debía ser anulada. El tribunal sostuvo que una vez adoptada la elección de Peña, la competencia del CSU se había agotado y no podía, de manera unilateral, alterar ese acto a través de una nueva votación. De esa manera, la sentencia reitera la importancia del respeto a las reglas de juego en los procesos de elección de autoridades universitarias y envía un mensaje sobre los límites de los órganos de gobierno frente a la presión coyuntural de la calle y del debate político.
Horas después de conocerse la decisión, Leopoldo Múnera se pronunció desde Bogotá. Aseguró que respeta la sentencia del Consejo de Estado y que acatará las consecuencias administrativas que de ella se deriven, pero consideró que el fallo fue “laxo” al no profundizar, a su juicio, en las irregularidades que afectaron la elección de Peña en 2024. También insistió en que la consulta interna, en la que obtuvo el mayor respaldo de estudiantes y profesores, expresaba una voluntad democrática que no puede ser ignorada si se quiere recuperar la legitimidad de la institución.
La gran incógnita, por ahora, es quién quedará al frente de la Universidad Nacional. Aunque el fallo ha sido leído por algunos como un espaldarazo a Peña, en sus declaraciones públicas Múnera subrayó que el CSU deberá pronunciarse nuevamente sobre la Rectoría y designar a un nuevo rector, posición que abre la puerta a distintas interpretaciones sobre el alcance práctico de la sentencia. Mientras tanto, en las sedes de la Nacional se respira cierta mezcla de cansancio y desconcierto: después de 18 meses de disputas, el conflicto parece lejos de resolverse del todo y amenaza con seguir condicionando debates de fondo como la financiación, la reforma académica y la infraestructura.
En la sede Bogotá, epicentro de las movilizaciones de 2024, algunos sectores estudiantiles anunciaron asambleas permanentes para discutir la respuesta a este nuevo escenario. Otros grupos, sin embargo, piden evitar más cierres y paros largos, y concentrarse en defender vías institucionales para garantizar la participación de estudiantes y profesores en la elección de sus autoridades. En cualquier caso, el desenlace de la Rectoría tendrá consecuencias que van más allá del campus: el caso se ha convertido en referencia nacional sobre autonomía universitaria, equilibrio de poderes y alcance del control judicial sobre decisiones tomadas en el seno de una universidad pública emblemática para Bogotá y para todo el país.
La anulación del nombramiento de Leopoldo Múnera como rector de la Universidad Nacional por parte del Consejo de Estado reabre una discusión clave sobre autonomía universitaria, seguridad jurídica y participación democrática en la principal universidad pública de Colombia. En los próximos días, las decisiones que tome el Consejo Superior Universitario serán determinantes para definir el liderazgo en la sede Bogotá y en el resto de sedes, y para enviar un mensaje de estabilidad a miles de estudiantes, profesores y trabajadores que esperan que la Rectoría se resuelva sin más paros ni traumatismos académicos.
