Hombres armados ingresaron a vivienda de la docente en la madrugada del 25 de noviembre
La madrugada del martes 25 de noviembre, en el municipio de Uribia, departamento de La Guajira, la profesora Janeth Rocío Osorio —maestra y tutora del programa de Tutorías para el Aprendizaje y Formación Integral en la Institución Etnoeducativa Integral Rural Isidro Ibarra Fernández— fue sacada por la fuerza de su vivienda.
Según reportes preliminares, un grupo de hombres armados ingresó al domicilio de la profesora, intimidó a los presentes y obligó a Osorio a abordar su propio vehículo, con rumbo desconocido.
La Policía Nacional de Colombia y unidades del Gaula Militar asumieron de inmediato las labores de verificación y rastreo del vehículo y los captores, en lo que se configura como una operación de alto riesgo en una zona considerada con alta vulnerabilidad.
Desde su comunicado, el Ministerio de Educación rechazó “esta grave vulneración a los derechos fundamentales” y calificó el secuestro como un “ataque directo en contra de la educación, la institucionalidad y el tejido social de La Guajira”.
El Ministerio exigió la liberación inmediata, incondicional e íntegra de la docente, y solicitó a la Fiscalía General de la Nación, a la Policía Nacional y demás organismos competentes desplegar todos los recursos de inteligencia para identificar y judicializar a los autores materiales e intelectuales.
La comunidad educativa local expresó su alarma y solidaridad con la familia de la profesora y todo el plantel de la Etnoeducativa, al tiempo que se insta a los captores a respetar su vida e integridad física, dentro de los principios humanitarios aplicables.
En un contexto regional donde la violencia contra docentes y la inseguridad han escalado, este hecho reaviva el debate sobre la protección a los educadores en zonas rurales y la garantía del derecho a la educación en condiciones de seguridad. Las autoridades locales han sido convocadas para reforzar presencia y vigilancia en Uribia.
El secuestro de la profesora Janeth Osorio en Uribia (La Guajira) pone en evidencia la fragilidad de la seguridad en zonas rurales y la necesidad de protección eficaz para el personal docente. El Ministerio de Educación exige su liberación urgente y llama al país a defender el derecho a la educación sin violencia. En los próximos días se espera un pronunciamiento oficial sobre su situación y las medidas adoptadas en la región.
