Estados Unidos y Canadá ofrecen hasta dos millones de dólares por cada uno de los presuntos responsables del ataque en el Mall del Indio
La tarde del 31 de enero de 2025, un disparo certero en la nuca rompió la rutina en el restaurante Mi Arepa, dentro del Mall del Indio, en el sector de San Diego, oriente de Medellín. Allí fue asesinado Jonathan Christopher Acevedo García, un ciudadano colombo–canadiense que no era un cliente cualquiera: se trataba de un testigo federal en Estados Unidos, considerado informante de alto valor por el Buró Federal de Investigaciones (FBI), en el marco de una investigación transnacional contra una poderosa red de narcotráfico.
Las cámaras de seguridad del centro comercial y de las vías aledañas registraron el movimiento de tres hombres, hoy señalados como presuntos responsables del homicidio. Según los reportes oficiales, uno de ellos siguió a la víctima en una motocicleta Yamaha Nmax; un segundo sujeto, alto y delgado, descendió de un vehículo blanco, se acercó a la ventana del local y le disparó a quemarropa; un tercero, de contextura robusta, permaneció merodeando la zona y luego documentó la escena con fotografías antes de retirarse.
La motocicleta usada en la huida fue localizada poco después en el barrio Loreto, comuna 9 (Buenos Aires), en el oriente de Medellín, lo que permitió trazar parte de la ruta de escape de los sicarios. El caso fue catalogado por las autoridades como un golpe directo a las investigaciones sobre una estructura criminal con operaciones en Colombia, México, Estados Unidos y Canadá, escenario que explica el interés inusual de agencias como el FBI y la DEA en un homicidio ocurrido en un centro comercial paisa.
De acuerdo con la información revelada por Infobae, desde 2023 Acevedo venía entregando datos considerados determinantes para entender el funcionamiento de una organización dedicada al tráfico de cocaína y al lavado de activos a gran escala. Su testimonio permitió articular una operación conjunta que incluyó a varias policías y fiscalías, y que terminó con la captura de al menos 13 presuntos integrantes de la red entre agosto y octubre de 2024, en acciones simultáneas en los cuatro países.
Entre los detenidos figuran nombres como Andrew Clark, exmecánico de ascensores capturado en Zapopan (México), así como el empresario minero Carlos Alberto Peña Goyeneche y Andrés Felipe Pucceti Iriarte, arrestados en Bogotá y señalados como piezas clave en el entramado financiero de la organización. Estas capturas, según los expedientes judiciales, impactaron mandos medios y altos de la estructura delictiva, pero no alcanzaron a su presunto líder máximo, que seguiría moviendo los hilos desde la clandestinidad.
En el centro de la historia aparece el nombre de Ryan James Wedding, excompetidor olímpico de patinaje sobre hielo en los Juegos de Invierno de Salt Lake City 2002, quien pasó de la élite deportiva a la lista de los diez criminales más buscados del FBI. Las autoridades estadounidenses lo señalan de dirigir la red para la que Acevedo colaboraba como testigo, aprovechando contactos y recursos para mover cargamentos de droga y lavar grandes sumas de dinero a través de empresas fachada y circuitos financieros internacionales.
El asesinato en Medellín habría sido, según la hipótesis de los investigadores, un mensaje de la organización contra cualquier intento de cooperación con las autoridades. Por eso, el caso escaló rápidamente a los niveles más altos de coordinación internacional: Estados Unidos y Canadá anunciaron una recompensa de hasta seis millones de dólares, dos por cada uno de los tres hombres que aparecen en los videos de seguridad, mientras el FBI mantiene en quince millones de dólares el pago por información que lleve a la captura de Wedding, quien seguiría prófugo.
El sicariato del testigo federal colombo–canadiense en Medellín reabre el debate sobre el impacto del narcotráfico internacional en la seguridad urbana del Valle de Aburrá. El homicidio en el Mall del Indio, la millonaria recompensa del FBI y la conexión con el exatleta olímpico Ryan James Wedding convierten este caso en referencia obligada para entender cómo Medellín sigue siendo escenario de disputas entre estructuras criminales globales y la justicia de Estados Unidos y Canadá, que hoy buscan testigos, pistas y colaboradores en la ciudad para esclarecer el crimen y capturar a los responsables.
