Nueva tensión política por reforma en salud
El sistema de salud colombiano vuelve a ser el epicentro de una disputa política de alto nivel. El expresidente Álvaro Uribe Vélez y el actual mandatario Gustavo Petro intercambiaron críticas sobre las medidas necesarias para rescatar el sector, evidenciando las profundas diferencias ideológicas que separan sus visiones sobre el modelo de aseguramiento en el país.
La discusión se intensificó cuando Uribe propuso una serie de reformas que incluyen certificaciones de calidad para las EPS y contratos de estabilidad a largo plazo. Petro respondió tajantemente a través de redes sociales, rechazando las propuestas y defendiendo su política de transformación del sistema.
Este nuevo enfrentamiento refleja la polarización política que atraviesa Colombia en temas cruciales como la salud, mientras millones de ciudadanos enfrentan diariamente las dificultades de acceso a servicios médicos oportunos y de calidad.
El líder del Centro Democrático planteó que el sistema de salud colombiano puede revertirse mediante una modalidad mixta que combine participación pública y privada. Su propuesta central gira en torno a establecer mecanismos de certificación de calidad para las Entidades Promotoras de Salud, independientemente del nombre o figura jurídica que estas adopten en el futuro. Según Uribe, aquellas aseguradoras que logren obtener esta certificación deberían recibir beneficios tributarios significativos que les permitan recuperar capital operativo.
La estrategia del expresidente busca crear incentivos económicos para que las EPS mejoren sus estándares de servicio mientras solucionan sus problemas de liquidez. Argumentó que los beneficios fiscales facilitarían a estas entidades el pago progresivo de las deudas acumuladas con hospitales, clínicas y profesionales de la salud. Esta medida, según su perspectiva, evitaría el colapso definitivo del sistema sin necesidad de estatizarlo completamente.
Otro elemento fundamental de la propuesta de Uribe Vélez consiste en garantizar contratos de estabilidad jurídica a largo plazo para las aseguradoras. El expresidente advirtió sobre el riesgo de que un cambio de gobierno altere drásticamente las reglas del sector, generando incertidumbre para los inversionistas privados. Planteó que estos contratos ofrecerían garantías a quienes decidan reinvertir en el sistema, acompañados de líneas de crédito y ayudas estatales específicas.
El líder uribista también manifestó su expectativa de que el próximo gobierno priorice la optimización del sistema de salud en su agenda política. Subrayó la urgencia de pensar en soluciones viables ante la proximidad del cambio de administración, expresando su deseo de que el futuro mandatario tenga la voluntad política necesaria para implementar mejoras sustanciales en el modelo de aseguramiento.
Una crítica particularmente fuerte de Uribe se dirigió contra la decisión gubernamental de vincular a 80.000 personas para tareas de prevención en salud. El expresidente calificó esta medida como gravísima, advirtiendo que estos funcionarios podrían convertirse en promotores políticos del gobierno. Cuestionó la pertinencia de contratar tal cantidad de personal cuando, según argumentó, las tecnologías digitales permiten realizar estas labores de manera más eficiente y menos costosa.
La respuesta presidencial llegó a través de la red social X, donde Gustavo Petro rechazó categóricamente las propuestas del exmandatario. El presidente fue especialmente contundente al referirse a los contratos de largo plazo con las aseguradoras, calificándolos como mecanismos que perpetuarían el robo sistemático de recursos públicos. Petro argumentó que, independientemente de los beneficios tributarios ofrecidos, estos acuerdos se convertirían en instrumentos para la corrupción institucionalizada.
El mandatario defendió enfáticamente su visión de la salud como un derecho fundamental y no como una oportunidad de negocio. Instó a abandonar los sistemas que describió como cleptocráticos, caracterizados por el desvío de recursos destinados a la atención médica. Petro también justificó la compra estatal de la Nueva EPS, explicando que la falta de control gubernamental sobre esta entidad, a pesar de que el Estado asumía la mitad de su deuda, condujo inevitablemente al desastre financiero que hoy enfrenta el sector salud.
Este intercambio evidencia las visiones diametralmente opuestas sobre el futuro del sistema de salud colombiano. Mientras Uribe apuesta por incentivos al sector privado y estabilidad jurídica, Petro insiste en recuperar el control estatal y eliminar intermediarios que considera ineficientes y corruptos.
La ciudadanía observa este debate político mientras continúa enfrentando largas filas en hospitales, negación de servicios y crisis financiera en múltiples instituciones de salud. La solución definitiva deberá trascender las diferencias ideológicas y priorizar el acceso efectivo de millones de colombianos a una atención médica digna y oportuna.
