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Verónica Alcocer, atrapada por sanciones de Estados Unidos

El presidente reveló que su esposa no puede ingresar al país por restricciones ligadas a la Lista Clinton

Durante la ceremonia por los 94 años de la Casa Militar realizada en la Casa de Nariño, en Bogotá, el presidente Gustavo Petro se refirió públicamente a una de las consecuencias más sensibles de su inclusión y la de su familia en la Lista Clinton de Estados Unidos: según dijo, Verónica Alcocer, reconocida en Colombia como primera dama, tiene dificultades para regresar al país. El mandatario afirmó que “la mamá de Antonella no puede llegar aquí porque no puede”, en alusión a las restricciones que se habrían activado tras las sanciones financieras.

La Lista Clinton, administrada por el Departamento del Tesoro de EE. UU., implica que bancos, aerolíneas, firmas de seguros y otros actores financieros extremen controles para no verse expuestos a eventuales sanciones si mantienen relaciones comerciales con los señalados. En el caso del presidente colombiano, su esposa y su hijo Nicolás Petro, la reacción de algunos proveedores se habría traducido en negativas de servicios y cierres de canales de operación, según explicó el propio jefe de Estado.

Ante oficiales y miembros de la Guardia Presidencial, Petro aseguró que hará “todo” lo posible para que Verónica Alcocer pueda volver a Colombia y reencontrarse con su hija menor. En su mensaje, el presidente asoció la situación de su familia con la de miles de hogares colombianos separados por razones económicas, migratorias o de violencia, y sostuvo que no podría aspirar a unir familias en el país si no logra primero recomponer la suya. El pronunciamiento se dio en un ambiente solemne, pero cargado de mensajes políticos hacia la opinión pública.

Las sanciones también han generado efectos concretos sobre la operación de los equipos aéreos de la Presidencia. Como parte de las medidas de prevención, la firma italiana Leonardo Helicopters decidió suspender el mantenimiento del helicóptero presidencial, lo que obligó a la Fuerza Aeroespacial Colombiana a buscar alternativas para garantizar el desplazamiento del mandatario.

 En paralelo, durante una reciente gira por Arabia Saudita, al avión presidencial se le habría negado provisión de combustible y servicios técnicos, según relató el propio Petro.

En la opinión pública colombiana, la situación de Alcocer no solo se mira desde el ángulo diplomático. Días antes de la declaración del presidente, la prensa sueca y medios internacionales habían reportado que la primera dama residía en Estocolmo desde octubre, con un estilo de vida asociado a apartamentos exclusivos, restaurantes de alto costo y asistencia a eventos privados con empresarios y figuras del entretenimiento. Eso abrió preguntas sobre el origen de los recursos para sostener esa vida en uno de los países más caros de Europa.

Petro ha insistido en que Verónica Alcocer no usa fondos públicos colombianos para financiar su estadía en el exterior y ha recordado que, pese a seguir casados legalmente, la relación sentimental entre ambos terminó “hace años”.

El mandatario también ha explicado que, en su criterio, el rol de primera dama no supone un cargo público ni implica pago de salario por parte del Estado. No obstante, los gastos del equipo de apoyo que la ha acompañado en actos oficiales sí han estado vinculados al presupuesto nacional, lo que alimenta el debate político.

Para Bogotá y el país, el caso de Alcocer se suma a una coyuntura política ya marcada por investigaciones, debates en el Congreso y una campaña presidencial que se aproxima en 2026. En la capital, donde se concentran las sedes diplomáticas y los órganos de control, el tema se ha vuelto recurrente en foros académicos y espacios de opinión sobre transparencia, relaciones con EE. UU. y límites éticos de la función pública. Desde el Gobierno, en cambio, se insiste en que se trata de una persecución política que trasciende a la familia presidencial.

La controversia por los problemas de Verónica Alcocer para volver a Colombia mezcla sanciones internacionales, decisiones de empresas privadas y discusiones sobre el uso de recursos públicos en Bogotá y en todo el país. Mientras Gustavo Petro promete gestionar su regreso y cuestiona el alcance de la Lista Clinton, la opinión pública sigue atenta a cómo esta situación impacta la relación bilateral con Estados Unidos, la movilidad del avión y el helicóptero presidencial y el futuro político del Gobierno.

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